“Viéndola a la distancia hoy, frente a lo que estamos viviendo, por lo menos podemos decir que son declaraciones desafortunadas”, dijo la mandataria en un contexto marcado por solicitudes de detención provisional con fines de extradición hechas por Washington que no aportaron pruebas.

El fin de semana Johnson declaró en el norteño estado de Sinaloa que la corrupción representa un obstáculo para el desarrollo económico del país.

Al responder una pregunta sobre el tema, Sheinbaum recordó el lunes que la lucha contra ese flagelo aquí le corresponde a instituciones de México y que lo mismo ocurre en el vecino país, pues la problemática no resulta exclusiva de esta nación.

Este jueves la jefa del Ejecutivo reiteró que México quiere una relación de colaboración y de entendimiento, pero “tiene que ser muy claro el respeto”.

“México debe ser respetado por todas las naciones del mundo. Entonces, siempre el papel de los embajadores, pues tiene que ser una relación de respeto mutuo”, consideró.

“Nuestro objetivo nunca será establecer malas relaciones ni con el Gobierno de Estados Unidos ni con sus embajadores, pero a la Presidenta le corresponde garantizar el respeto y la soberanía de México, y el cumplimiento de las leyes”, enfatizó.

Durante su habitual conferencia de prensa, la dignataria señaló posibles objetivos políticos en las imputaciones de Estados Unidos contra ciudadanos mexicanos, debido a la ausencia de pruebas claras, y rechazó la intromisión o injerencia extranjera en la nación.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York hizo público ayer el levantamiento de cargos contra los 10 ciudadanos, entre los que se encuentran el gobernador en funciones de Sinaloa, el senador por la entidad federativa y el alcalde de Culiacán.

Sheinbaum afirmó que, si la Fiscalía General de la República (FGR) recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho, bajo la jurisdicción nacional.

“Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia: nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito; sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, sostuvo.

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