El vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, emitió un informe sobre la situación en las 14 provincias de El Cibao, luego de que la Coalición de Organizaciones Sociales, Feministas, Ambientales y Gremiales de la zona convocaron a un paro en esa zona norte del país.
Las demandas que motivan este llamado son la rebaja de los precios de alimentos, medicina, gas y gasolina y todos sus derivados, acceso a agua potable permanente y de calidad, entre otras.
De acuerdo con el vocero, en Monseñor Nouel se suspendieron las clases por motivos de seguridad, pero las actividades públicas y privadas se desarrollan con normalidad.
Igual escenario describió el Gobierno en las provincias La Vega, Sánchez Ramírez, y Duarte.
De acuerdo con el documento, en María Trinidad Sánchez no se reportan disturbios y el 70 por ciento de los locales comerciales están abiertos.
Similar tranquilidad se observa en las provincias Samaná, Hermanas Mirabal, Valverde, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata y Espaillat, según el vocero de la Presidencia.
Sin embargo, Listin Diario indicó que durante un recorrido por las principales calles de la ciudad de Licey al Medio, en Santiago, constató que el municipio está militarizado, las clases suspendidas, el tránsito circula a medias y los negocios permanecen cerrados en un 70 por ciento.
De igual manera, El Caribe publicó que la huelga convocada por 24 horas se desarrolla principalmente en los sectores barriales, donde los establecimientos comerciales se encuentran cerrados.
Al repasar los barrios San Martín, Pueblo Nuevo, Hermanas Mirabal, Rivera del Jaya, Los Rieles y otros, El Caribe comprobó que los negocios están cerrados y que tropas especiales patrullan las calles, precisó.
La Coordinadora Popular Nacional también denuncia la paralización en la construcción de las hidroeléctricas Las Placetas y Boca de Ríos en Santiago Rodríguez, exige un sistema de seguridad social y la ejecución de obras comunitarias como hospitales, aceras y escuelas.
Argumentó que es una responsabilidad del estado responder las demandas de la población y los movimientos sociales.
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