En una entrevista televisiva, Otárola dijo que “vamos a garantizar las marchas pacíficas” pero la Policía va a cuidar la vida de los manifestantes de la actividad de quienes considera “azuzadores” y también protegerá la seguridad de todos y cuidará el orden público.
Por otra parte, el número dos del Gobierno omitió críticas al pedido del subsecretario de Estado norteamericano, Brian Nichols, de que el Gobierno y el Parlamento acuerden el adelanto de elecciones generales, una demanda de las protestas.
Preguntado si el Gobierno reaccionará con protestas y rechazo a la injerencia de Estados Unidos, como hizo con gobiernos de la región que expresaron críticas sobre la crisis peruana, dijo que el caso de Nichols es “la opinión de un país amigo” y no declaraciones que azuzaban la violencia en Perú.
Otárola deberá comparecer ante el pleno del Congreso, de aprobarse una moción que legisladores de izquierda y centro presentaron hoy con un pliego de preguntas sobre la represión a las protestas, con un saldo de 48 manifestantes muertos en disturbios, un policía asesinado y 11 civiles fallecidos en accidentes.
Los promotores de la interpelación creen necesario que el primer ministro informe sobre “las acciones de gobierno que han llevado a que el Perú sea calificado como un país no democrático”.
Entretanto, carros blindados y fuerzas policiales se mantienen desde hoy resguardando las plazas Dos de Mayo, San Martín y Manco Cápac, las dos primeras donde están vetadas las concentraciones por decisión del municipio limeño, a cargo del alcalde Rafael López-Aliaga, de derecha extrema.
Al mismo tiempo, hasta esta mañana fueron retenidos en el control carretero de Pucusana, al sur de Lima, nueve autobuses con manifestantes en viaje a Lima.
Los pasajeros llegaron procedentes de las regiones surandina de Puno, bastión de las protestas que demandan principalmente la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, quien asumió el cargo el 7 de diciembre último, lo que desató las protestas, y de la suramazónica región de Madre de Dios.
Los ómnibus fueron registrados por la Policía, que verificó la identidad de los ocupantes y comprobó que no tenían órdenes de captura ni antecedentes penales y les permitió seguir a la ciudad.
jha/mrs
