Por medio de un comunicado la colectividad recalcó que sus miembros han sido enfáticos en la necesidad de comprender profundamente el largo conflicto social y armado en Colombia.
Además, sus reconfiguraciones territoriales actuales, para lograr las salidas pertinentes, estructurales y participativas que correspondan con la realidad que la guerra ha producido en nuestro país en todos los planos, dimensiones y niveles, añadió.
«Sabemos que es una demanda de numerosas y diversas organizaciones rurales y urbanas que, al asumir un compromiso con la paz de Colombia, hemos tomado también una decisión de no volver a los peores momentos de la guerra ni permitir que el país lo haga», subrayó en el texto.
Recalcó que ninguna salida a la guerra puede ser la guerra misma, por tanto, rechaza que, en medio de una posibilidad y clamor del país por la paz, se pretenda retornar a la vía militarista y guerrerista.
Dicha vía, enfatizó, ha sido muy útil para aquellos que han acumulado y afianzado su poder político y económico a través del miedo, del dolor y el sufrimiento de las mayorías.
«Un cese de fuegos y de hostilidades, no solo es necesario para construir climas de confianza entre los actores en confrontación armada, sino que se constituye en condición básica para garantizar el derecho a la vida y la permanencia en los territorios de las comunidades», puntualizó.
Aseveró que son las comunidades las principales llamadas a abogar por un proceso de paz que trascienda del silenciamiento de los fusiles y se traduzca en las transformaciones territoriales para la vida digna.
En tal sentido, convocó a toda la sociedad colombiana, a los actores en armas y al Estado colombiano, a no disminuir los esfuerzos en la búsqueda de una salida política y participativa al conflicto social y armado.
Señaló que lo anterior requiere la adopción de medidas y acuerdos urgentes para garantizar la protección y salvaguarda de las comunidades y los territorios.
También necesita los mecanismos para una efectiva verificación y monitoreo de estos, en particular por los actores con los que ya se tienen los mecanismos de diálogo político establecidos como lo son ELN y EMC, algunas estructuras armadas sucesoras del paramilitarismo y el Estado colombiano.
De igual forma es necesario el reconocimiento e instalación de diálogo político con los actores en armas, como las FARC-EP Segunda Marquetalia superando todos los trámites jurídicos y judiciales pertinentes.
También, la construcción de una ruta para las transformaciones territoriales para la paz de manera participativa con los distintos actores políticos, económicos, sociales y comunitarios a nivel nacional y territorial.
jha/otf
