La respuesta consta en una carta enviada por la embajadora dominicana en Washington, Sonia Guzmán, a los senadores demócratas Edward J. Markey y Elizabeth Warren, de Massachusetts; Bernard Sanders, de Vermont; Raphael Warnock, de Georgia; John Hickenlooper, de Colorado; y Chris Van Hollen, de Maryland, a la que tuvo acceso la prensa nacional.
Los legisladores involucraron a Santo Domingo en el trasiego de armas en una comunicación al presidente Joe Biden, del 19 de diciembre último, en la que indagan sobre la posición de los Estados Unidos en la búsqueda de soluciones a la crisis política, social y humanitaria en Puerto Príncipe.
También preguntan al gobernante acerca de los pasos adicionales de Washington para frenar «el flujo de armas pesadas y municiones que llegan a Haití desde Estados Unidos y a través de la República Dominicana».
En la misiva, Guzmán indicó que en su país la lucha contra el tráfico de armas es un compromiso de Estado, en virtud de que este flagelo contribuye a generar condiciones de violencia e inestabilidad que socavan la paz, el desarrollo económico y la convivencia armoniosa de cualquier nación.
Precisó que durante la administración del presidente Luis Abinader, mediante decretos, leyes y regulaciones, el Gobierno ha fortalecido sus instituciones y propiciado la creación de capacidades para el combate al tráfico ilícito de todo tipo.
Indicó que gran parte de la carga aduanera dirigida a Haití pasa primero por República Dominicana, debido a que la mayoría de los puertos haitianos se mantienen cerrados debido a la violencia e inseguridad extrema generada por las bandas criminales en dicho territorio.
Además, precisó, porque ese país no dispone, en las circunstancias actuales, con la capacidad logística para manejar el volumen de carga que recibe.
Para la administración del presidente Abinader es injusto «sindicar al Gobierno dominicano como responsable de tráfico de armas, por el ejercicio de su compromiso social, económico y de solidaridad humanitaria con el vecino país», puntualizó.
En ese sentido, significó que su gobierno trabaja con ahínco para controlar la adquisición de armas ilegales mediante el establecimiento de controles estrictos, como la puesta en funcionamiento del escáner de rayos X RAPISCAN Eagle P60-S, de fabricación estadounidense, que ha permitido elevar de manera significativa la confiscación de artefactos militares.
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