Trascendió que con esta medida el Ejecutivo busca promover la transparencia y la divulgación de notas de interés para la ciudadanía sobre los servicios públicos.
El jefe de Estado, Luis Abinader, dijo este martes a la prensa que la discusión de la normativa se extendió cerca de cuatro meses y estuvieron involucrados todos los sectores.
Aseveró que con esta medida se transmite el mensaje de que en el país hay que respetar los recursos del Gobierno y que no deben utilizarse con fines electorales.
De su lado, el titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, explicó que de esta manera el Ejecutivo reafirma su compromiso de impulsar canales de comunicación efectiva con la ciudadanía para brindar información relevante y veraz sobre los servicios públicos.
Pimentel manifestó que el Gobierno asumió el compromiso de regular la publicidad oficial, como una práctica de rendir cuentas para promover más transparencia y dar a conocer información de interés general, a fin de mejorar el gasto público y eliminar las distorsiones del pasado en períodos electorales.
Trascendió que las disposiciones de este decreto son de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones públicas dependientes del Poder Ejecutivo, las cuales serán monitoreadas por la DGCP y la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom).
El decreto establece que solo se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación cuando tengan alguno de los objetivos definidos en la propia normativa, entre ellos, la difusión de los valores y principios constitucionales.
Asimismo, prohíbe el uso de publicidad oficial como subsidio o pago encubierto para beneficiar a comunicadores y medios de comunicación social, con propósitos propagandísticos o para apoyar a partidos o candidatos, y con fines electorales, salvo la comunicación de logros en el período de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional.
En el decreto, el presidente Abinader instruyó a las instituciones públicas a reducir la difusión de publicidad a la estrictamente necesaria en función del servicio público prestado.
En un plazo de seis meses, tanto la DGCP como la Diecom deberán elaborar una propuesta de reglamento general de publicidad oficial, desde su contratación, contenido y ejecución.
Una vez redactada se socializará con los posibles interesados, conforme a las normas del procedimiento administrativo, indicó el sitio de la Presidencia.
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