El fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) 1021/2023 impuso 72 horas al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Zvonko Matkovic, para que posesione a Aguilera en suplencia del jefe del Órgano Ejecutivo territorial, Luis Fernando Camacho, encarcelado preventivamente en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz.
“Solicito a su autoridad se dé cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia Constitucional Plurinacional antes referida y se tomen las previsiones necesarias, con el fin de evitar una posible responsabilidad penal, que podría conllevar el omitir un mandato constitucional”, expresa la misiva enviada por Aguilera a Matkovic.
En el texto le informa que fue notificado sobre la sentencia constitucional 1021/2023-S4 el 29 de diciembre de 2023, a las 18:17 hora de Bolivia.
Con ese dictamen, la Sala Cuarta especializada del TCP, resolvió “que el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (…) y el Vicegobernador (…) -en cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales antes referidos-, promuevan la suplencia temporal mientras dure el impedimento de Luis Fernando Camacho (…)”.
Sin embargo, desde la Gobernación cruceña y la bancada de Creemos en la Asamblea Legislativa Departamental descartaron cumplir la sentencia.
Efraín Suárez, asesor de Gestión de la Gobernación, y la asambleísta Paola Aguirre, ambos integrantes del círculo de confianza camachista declararon que el veredicto es de “imposible cumplimiento”, porque el TCP no tomó en cuenta la Ley departamental 293 que regula la ausencia temporal del gobernador.
Suárez sostuvo que él “no está impedido de ejercer el cargo, desde lo formal y lo real”, y argumentó que la ejecución presupuestaria de la Gobernación en 2023 fue del 90,31 por ciento, lo cual expuso como uno de los logros de Camacho pese a su detención por su supuesta participación en el golpe de Estado de noviembre de 2019.
Aguirre, por su parte, calificó el fallo constitucional de “golpe a la democracia”, y concedió más importancia a la Ley 293 del órgano legislativo departamental.
“Si la Asamblea Legislativa Departamental posesiona al vicegobernador, estará yendo en contra de la ley (293) y eso es un delito”, advirtió.
Aguilera, en tanto, afirmó este miércoles en conferencia de prensa que insistirá en que se cumpla el fallo constitucional, y dio a entender que quienes se oponen a su cumplimiento, tratan de evitar que se hagan públicos hechos de corrupción ocurridos en la gubernatura durante la ausencia de Camacho.
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