Un proyecto en ese sentido permanece estancado en la comisión de trabajo desde su ingreso al Congreso Nacional en noviembre de 2022, sobre todo por los obstáculos de la oposición.
“Esperemos tener todos la voluntad necesaria para avanzar, superar nuestras diferencias y poner a los pensionados y sus precarias condiciones de vida como una prioridad en nuestro país”, señaló Jara.
La secretaria de Estado prevé que la iniciativa avance en la Cámara de Diputados en 15 días y sea enviada al Senado antes del receso legislativo de febrero.
Las principales diferencias con la derecha radican en el destino del seis por ciento adicional que deben aportar los empleadores para elevar el ahorro previsional por trabajador al 16 por ciento.
En ese sentido, la nueva propuesta del Ejecutivo plantea dedicar tres puntos porcentuales a un seguro social, otros dos a las cuentas de capitalización individual de cada empleado y el uno por ciento a fortalecer el empleo de las mujeres.
La derecha, sin embargo, insiste en que todo ese seis por ciento vaya directo al fondo de ahorro individual, lo cual significaría una cuantiosa inyección de capital a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), encargadas de controlar ese dinero para su propio beneficio.
Desde la época de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) las cotizaciones de los trabajadores son manejadas por las AFP, que lucran con los fondos bajo su cuidado y obtienen cuantiosas ganancias, pero pagan cantidades muy bajas a sus afiliados.
Según datos oficiales, el 72 por ciento de los retiros en el país son inferiores al salario mínimo y uno de cada cuatro jubilados recibe un monto por debajo de la línea de pobreza.
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