Un comunicado de la entidad indicó que “serían partícipe del robo de este bien legítimo” de esta empresa de transporte de carga aérea venezolana, con la siglas YV 3531, fabricado por la compañía Boeing.
El texto indicó que la aeronave, dedicada a la explotación del servicio de transporte de carga y correo, está “debidamente autorizada” por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil y el código (AOC ESU-078) asignado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
La nota rechazó y condenó de manera categórica la decisión, arbitraria e ilegal del Juzgado Federal Lomas de Zamora, instruida por el juez Federico Villena.
Subrayó que con esta “decisión arbitraria”, el Gobierno argentino no solo violó los derechos humanos, sino también al debido proceso en el cumplimiento de las regulaciones internacionales, por tratarse de un Estado miembro de la OACI.
En relación, apuntó, con sus obligaciones aplicables a la navegación aérea de los Convenios sobre Aviación Civil Internacional y sobre Tránsito de los Servicios Aéreos Internacionales que “prohíbe el embargo de una aeronave en servicio”.
Mencionó que la tripulación del avión estuvo retenida de manera ilegal durante cinco meses en Argentina y la aeronave secuestrada durante un año y seis meses “sin prueba alguna”, sumado a las pérdidas materiales causadas por daños y perjuicios al patrimonio público venezolano.
La decisión, señaló, contradice los fallos del Juez Federico Villena, quien concluyó que la liberación de la tripulación y la aeronave, ordenada por el Juzgado, demuestra que “no existe, ni existió elementos de convicción suficientemente válidos”, para determinar la comisión de un hecho ilícito relacionado con espionaje y acciones terroristas por parte de Emtrasur.
Con ello quedó demostrado ante las autoridades argentinas, en el curso del proceso, que la empresa cumplió con todos los permisos legales y el respectivo plan de vuelo, subrayó.
Además de demostrarse la “legítima titularidad de la aeronave, la legalidad de la carga verificada y corroborada por la autoridad aduanera argentina al momento de su liberación”, acotó.
Emtrasur se reserva el ejercicio de las acciones judiciales por daños al patrimonio de la Empresa, violación de los derechos humanos, y del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, afirmó.
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