Según De Moraes, había tres planes para detenerlo y ejecutarlo. El primero de ellos preveía que las Fuerzas Especiales del Ejército lo arrestaran y lo llevaran para Goiânia, capital del estado de Goiás, a unos 209 kilómetros de Brasilia.
Una segunda intención preveía que su cuerpo sería abandonado en el camino hacia Goiânia.
El último propósito preveía la detención y su ahorcamiento en la capitalina Plaza de los Tres Poderes.
De Moraes no estaba en Brasil ese 8 de enero, sino en París, Francia, con su familia, cuando su hijo le mostró imágenes de los extremistas invadiendo el Congreso Nacional.
Su primera llamada fue al ministro Flavio Dino, quien en la fecha comandaba la cartera de Justicia y Seguridad Pública. También conversó con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Lula y Dino comentaron con De Moraes sobre la posibilidad de intervención federal o la llamada Garantía de la Ley y del Orden.
«Quien decidió fue el Poder Ejecutivo, pero yo recordé que en el tiempo del presidente (Michel) Temer, hubo la posibilidad de intervención solo en el área de la seguridad, y tal vez eso fuera mejor», relató a un medio local.
Para el magistrado del STF, la inacción de la Policía Militar frente a la invasión de los organismos públicos fue lo que más impactó.
«Afirmo sin miedo de equivocarme: no necesitaría de 100 hombres del Batallón de Choque para dispersar aquello», apuntó.
De acuerdo con el ministro, encargado de las investigaciones que se tramitan en la corte superior sobre la asonada, tres decisiones tomadas en la fecha de los episodios fueron importantes para que otros movimientos golpistas no surgieran en otros estados.
En tal sentido, mencionó las detenciones del entonces secretario de Seguridad del Distrito Federal (DF), Anderson Torres, y del comandante general de la Policía Militar, Fábio Augusto Vieira, para evitar el efecto dominó en otras divisiones territoriales.
«Me aseguré de que las demás policías militares estuvieran tranquilas, pero no podíamos arriesgarnos», apuntó.
Al mismo tiempo, agregó, ayudó a alejar del cargo al gobernador del DF, Ibaneis Rocha, para evitar que pudiera ocurrir algo extremista y eventualmente otra autoridad apoyar el movimiento golpista.
De igual manera, también influyó «la determinación de prisión en flagrante inmediata de quien permaneciera frente a cuarteles pidiendo golpe».
Adeptos radicales del exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022) invadieron y depredaron el 8 de enero las sedes capitalinas del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
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