Los primeros disparos de esta conflagración retumbaron el martes pasado con estruendo ensordecedor cuando el mandatario afirmó en un acto público que “magistrados corruptos conspiran” con cárteles delictivos para frustrar proyectos de su administración y aseguró que la “impunidad judicial será detenida”.
Por si fuera poco amenazó con desobedecer los fallos de los tribunales.
Las alegaciones fueron respondidas por un rival a tener en cuenta, la presidenta del Tribunal Supremo Martha Koome, quien afirmó que las formulaciones “ponen en peligro el imperio de la ley en Kenya” y permitirá el aumento de la desconfianza y la sospecha del público en el Poder Judicial.
Sea por aceptar una verdad tangible o por un desliz de la mente, la magistrada aceptó de manera tácita que entre el público existe “desconfianza y sospecha” en los magistrados, un asidero para las críticas presidenciales.
De su lado, la Comisión del Servicio Judicial dijo que tomó “nota con preocupación de las declaraciones presidenciales”.
Pero el mandatario, que no parece inclinado a callarse, defendió la veracidad de sus comentarios y juró continuar la batalla contra las prácticas corruptas.
Entradas las partes en una colisión abierta, el candidato presidencial fallido en las últimas elecciones, segundo en la votación, Raila Odinga, tomó partido por los jueces y calificó las declaraciones del presidente de “intimidación” e “irrespeto por el imperio de la ley”.
Desarraigaré a los corruptos y bajo mi mandato nunca ocurrirá la impunidad de sobornar a los jueces para que no puedan descarrilar, demorar o sabotear la inminente transformación de Kenya.
Llegados a este punto es evidente que la guerra proseguirá hasta que uno de los rivales sienta cansancio y opte por un cese de hostilidades sin que ello implique que la batalla por el adecentamiento de la vida pública a través del fin de la corrupción, uno de los males endémicos de África, haya llegado a su fin en Kenya.
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