Los argumentos del amparo otorgado a varios profesionales se basan en mensajes replicados en las redes sociales, señaló el funcionario del Ministerio Público (MP) a nueve días del cambio de mando en la nación.
A juicio de Curruchiche, el verdadero fondo de las acciones legales que cuestionan el sentido de las investigaciones podría tener otro tipo de intenciones.
Además, constituir un actuar coordinado y estructurado, en unidad de argumentos y objetivo de obstaculizar las pesquisas que efectúa el MP en el cumplimiento de su mandato constitucional, planteó.
La apelación explicó que la Fiscalía cuenta con una función de investigación respaldada en la Constitución, y que al no existir ningún fondo que busque afectar la democracia, la misma sea dada con lugar, remarcó en el texto.
Analistas expusieron que la acción del titular de la FECI solo refleja las intenciones espurias que han motivado sus actuaciones.
Esto, en relación con las medidas que adoptó el ente investigativo desde que se supo que Bernardo Arévalo, abanderado del partido Movimiento Semilla, pasaba a la segunda vuelta de elecciones presidenciales.
«La misma apelación de la sentencia desnuda la intención antidemocrática y fuera de competencias que se ha perseguido con fines políticos, instrumentalizando la ley», agregaron profesionales del derecho.
«La CC ya fue muy clara, en verdad, ya no hay vuelta de hoja», manifestó, por su parte, el mandatario electo.
Sin embargo, acotó que «llegado el 14 (de enero) comenzarán a tomar medidas para que se corrija lo que está pasando en el país».
Al ser preguntado por estas «medidas», Arévalo subrayó: “Vamos a reunirnos con la fiscal general (Consuelo Porras) para exigirle la renuncia».
El MP provocó una crisis profunda en Guatemala a partir de las investigaciones contra el Tribunal Supremo Electoral y Semilla, incluso alegando supuestas irregularidades sugirieron incluso anular los comicios.
Diferentes entidades locales coincidieron en afirmar que estas maniobras forman parte de un golpe para impedir la llegada a la presidencia de la nueva administración.
Autoridades indígenas mantienen por más de 90 días consecutivos una protesta frente al MP, en defensa de la democracia y por la dimisión de Porras.
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