El reporte, que abarca el período comprendido entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2023, resaltó los avances logrados en la implementación del Acuerdo Final del 2016 y la importancia de las iniciativas de diálogo para resolver los conflictos.
Con respecto al Acuerdo, celebra que se hayan completado puntos clave de planificación y diseño, por ejemplo, en el marco de la Reforma Rural Integral y el proceso de reincorporación, y confía en que las entidades con responsabilidades de implementación los traduzcan en resultados concretos, apuntó el texto.
Reconoció asimismo que la Reforma Rural sigue siendo una de las principales prioridades del Gobierno y destaca la nueva normativa para acelerar el acceso a la tierra y el considerable aumento del presupuesto.
El informe, además, nota avances en la compra, formalización y entrega de tierras, y resalta la necesidad de esfuerzos adicionales para llevar a los beneficiarios el apoyo necesario para hacerlas productivas.
Sobresale, señaló, la aprobación del Programa de Reincorporación Integral como un paso significativo para dar una perspectiva a largo plazo al proceso.
Mencionó que casi el 80 por ciento de los excombatientes participan en cinco mil 691 proyectos productivos (68 por ciento de los cuales son individuales); así como la compra, por parte del Gobierno, de cuatro mil 725 hectáreas de tierra para excombatientes.
Por otra parte, el informe señaló que los diálogos del Gobierno con grupos armados contribuyeron a la mejora de algunos indicadores en lugares específicos.
Por ejemplo, según un informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), durante los diez primeros meses de 2023 se produjo un desescalamiento del conflicto que se tradujo en una disminución de ataques contra la Fuerza Pública, los enfrentamientos y los civiles muertos y heridos, reveló.
No obstante, refirió igualmente que la violencia de los grupos armados y criminales sigue teniendo un grave impacto en las comunidades y socavando los esfuerzos de implementación, y que persisten o han aumentado los delitos vinculados a dinámicas económicas y al control social y territorial.
En cuanto a la violencia contra excombatientes, la Misión registró el asesinato de 11 exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (todos hombres), o sea, una disminución del 26,7 por ciento frente al período anterior.
Divulgó que, desde la firma del Acuerdo Final, el número total de homicidios de excombatientes es de 406 (incluidas 11 mujeres, 57 afrocolombianos y 49 indígenas).
El secretario general, en este punto, hizo un llamado a las autoridades para que redoblen sus esfuerzos en la protección de líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz.
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