La normativa obedece a la necesidad de suplir la demanda creciente de electricidad y mantener la estabilidad de ese servicio a nivel nacional.
El Decreto establece que los proyectos deberán adoptar las disposiciones legales vigentes con el fin de asegurar la sostenibilidad económica, estabilidad, eficiencia, calidad y transparencia del servicio eléctrico, teniendo en cuenta su naturaleza económica y social.
Sostiene que la energía eléctrica constituye un encargo esencial para lograr el desarrollo del país y debe ser provisto en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental con una adecuada gestión de riesgos.
A su vez, la normativa destaca la responsabilidad del Estado de asegurar un suministro confiable a precios competitivos y en condiciones financieras y ambiental razonables.
Además, menciona su obligación de impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, principalmente la explotación de fuentes renovables y de menos daño para el entorno.
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