Las fuerzas castrenses atendieron 16 mil 626 casos, superior a los 13 mil 329 de 2022, y notificaron 779 allanamientos en el país en colaboración con el Ministerio Público, precisó la cartera de Gobernación.
Amplió que igualmente de conjunto con otras unidades de la PNC incautaron 129 armas de fuego, mil 313 teléfonos celulares y 233 vehículos, todos relacionados con estas actividades ilícitas.
Gran parte del mérito recae en la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, subrayó días atrás el portavoz del Ministerio de Gobernación, Jorge Aguilar.
Señaló que la mayoría de los miembros de las agrupaciones criminales pertenecen a las pandillas Mara Salvatrucha y al Barrio 18.
Sin embargo, acotó, existen igualmente individuos que imitan a estas organizaciones y recurren a llamadas telefónicas intimidatorias para extorsionar a la población y obtener dinero ilícito.
El subdirector general de Investigación Criminal, Edis Fabián, destacó en declaraciones recientes la efectividad de los planes implementados, “fundamentales para contrarrestar el citado fenómeno delincuencial en el ámbito nacional”, aseguró.
Entre las estrategias mencionó las coordinaciones con el Sistema Penitenciario, lo que cual permitió reducir las comunicaciones de los líderes de pandillas desde los centros carcelarios, donde se orquestan algunos actos anómalos.
“Esto llevó a requisas que buscan localizar artefactos ilegales en las prisiones y notificar a los delincuentes de nuevos cargos en su contra”, describió el subdirector.
Llamó a denunciar cualquier acto extorsivo o intimidación a cambio de dinero y a confiar en el trabajo de la PNC para contrarrestar estas agrupaciones.
Una encuesta anónima realizada a inicios del año pasado reveló detalles de la penetración de este delito, la actuación de los delincuentes y su impacto también en el giro de los negocios en todo este territorio centroamericano.
La inseguridad debido a tal flagelo, coinciden reportes, tiene una incidencia directa en el patrón de comportamiento de las personas, limita su convivencia pública y relaciones en Guatemala.
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