Aunque el punto focal es la forma en que el Ejecutivo que encabeza el socialista Pedro Sánchez terminó haciendo concesiones a los independentistas de Junts por Cataluña, la situación se afeó más con la negativa de Podemos de apoyar medidas sobre subsidios de desempleo.
Podemos intentó justificar su rechazo a la iniciativa que promueve la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, pero el asunto marcó una distancia mayor de la izquierda en el poder.
Díaz es al mismo tiempo la titular del movimiento Sumar, del cual se separó recientemente Podemos en un acto de rebeldía al no obtener carteras en la nueva administración, entre otros asuntos.
En cualquier caso, la vicepresidenta segunda anunció este jueves que convocará con carácter inmediato a los agentes sociales para negociar la reforma del subsidio de desempleo una vez logre cerrar el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Visiblemente molesta con la actitud de Podemos, Díaz adelanté que mañana viernes, “vamos a cerrar la Mesa del Diálogo Social en torno al SMI y, en cuanto la subida se produzca, convocaremos con carácter inmediato a los agentes sociales para trabajar con tiempo en una reforma que es muy positiva para nuestro país”.
La ministra recalcó que la iniciativa sobre la subvención a los desempleados, rechazada este miércoles con los votos en contra de PP, Vox y Podemos, es la única que el Gobierno no pudo someter al diálogo social ya que debía aprobarse antes del 31 de diciembre.
Por otra parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, justificó hoy que el acuerdo con Junts ‘no cambia nada el régimen de las cuestiones prejudiciales en nuestro país’.
Cuando un juez consulte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), el proceso en cuestión se suspenderá, dijo en entrevista con TVE.
Bolaños precisó que el acuerdo cerrado este miércoles con Junts para sacar adelante los primeros decretos del Gobierno implica, entre otras cuestiones, suprimir de uno de ellos la ley de enjuiciamiento criminal, que los catalanes consideraban que podría retrasar la aplicación de la ley de amnistía.
Al abundar al respecto, argumentó que ya en diciembre esa disposición formaba parte del pacto alcanzado con la Comisión Europea para recibir 10 mil millones de euros, pero el compromiso alcanzado con Bruselas es convalidar un real decreto que tiene casi 200 folios, no una disposición concreta.
Sin embargo, el conservador Partido Popular (PP) reaccionó indignado por los supuestos compromisos del Gobierno para convalidar las demandas de Junts y de su máximo dirigente Carles Puigdemont, prófugo de la justicia desde 2017 cuando encabezó las revueltas secesionistas en Cataluña.
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