La legisladora Pamela Aguirre, de la Revolución Ciudadana y jefa de la Comisión, insistió no sólo en la responsabilidad de los gobernantes, sino del exministro de Energía Fernando Santos Alvite y el extitular de Economía Pablo Arosemena, quien cortó recursos al sector en medio de dificultades.
Aguirre anunció que el expediente se remitirá a la Contraloría General para que realice los procedimientos respectivos y decida sobre quién recaerá la responsabilidad administrativa, civil e incluso penal de la situación que sufre el sector eléctrico.
La asambleísta reconoció la labor del actual Ejecutivo para recuperar al país de los problemas de generación eléctrica y resaltó el funcionamiento de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la cual según informes técnicos otorga el 26 por ciento de la energía a nivel nacional.
Esperamos que el odio político no vuelva a contaminar las obras que han beneficiado a los ecuatorianos, afirmó Aguirre.
La Comisión parlamentaria concluyó que la crisis energética en el año 2023 provocó pérdidas que superan los 400 millones de dólares para los sectores productivos.
A mediados de enero la ministra de Energía y Minas de Ecuador, Andrea Arrobo, anunció que los apagones continuarán suspendidos en todo el país hasta el 29 de febrero.
Los cortes comenzaron el 27 de octubre de 2023, durante el gobierno de Lasso, y se mantuvieron hasta diciembre, cuando fueron suspendidos por las festividades de Navidad y Año Nuevo.
La crisis energética actual se debe a una serie de factores, entre ellos una severa sequía en la zona austral, donde se ubican tres importantes hidroeléctricas (Paute, Mazar y Sopladora) y, como advirtió la Comisión, a la falta de inversiones oportunas.
La Asamblea Nacional aprobó el pasado 10 de enero la Ley de Competitividad Energética, un proyecto enviado con carácter urgente por el presidente Daniel Noboa para enfrentar las dificultades del sector eléctrico.
mem/avr
