Esta iniciativa surgió del debate y propuesta en la Asamblea Nacional (parlamento) de un acuerdo en rechazo y condena a la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de la nación sudamericana y el ultimátum dado por la Casa Blanca, a modo de amenaza y chantaje.
En su estilo prepotente de siempre, Washington fijó hasta abril el plazo para que la República bolivariana cumpliera los acuerdos de Barbados rubricados en octubre del 2023 con la opositora Plataforma Unitaria Democrática sobre garantías políticas y electores para todos.
Se sumó, además, la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros estadounidense de modificar la Licencia 43 del 18 de octubre del pasado año otorgada a la Compañía General de Minería venezolana, para realizar transacciones de la producción y comercialización de su oro.
Sobre la base del acuerdo, aprobado por la bancada oficialista y de la oposición, el 5 de febrero están convocados al CNE todos los factores económicos, políticos, sociales, empresariales, partidos, precandidatos, sociedad civil y movimientos sociales.
También los servidores públicos, trabajadores, estudiantes, académicos, intelectuales, pueblos indígenas, afrodescendientes, organizaciones de mujeres, entre otros.
El presidente Nicolás Maduro dio un espaldarazo a la propuesta al “apoyar con todas sus fuerzas” la convocatoria a un diálogo amplio e incluyente para establecer el cronograma electoral de los comicios presidenciales del 2024.
“Somos garantía de paz…elecciones ya”, afirmó el gobernante en su cuenta X y divulgó en su mensaje el acuerdo aprobado en el Parlamento.
La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez respondió de inmediato a las diatribas estadounidenses y anunció que revocarán de “manera inmediata” los vuelos de repatriación de venezolanos desde Estados Unidos, si estos dan un paso en falso en intensificar la agresión económica.
Venezuela “rechaza el grosero e indebido chantaje y ultimátum” manifestado por el gobierno estadounidense, expresó en la red social.
A partir del 13 de febrero quedarían revocados de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos, subrayó Rodríguez.
El viceministro de Políticas Antibloqueo del Ministerio para Economía y Finanzas de Venezuela, William Castillo, puso el dedo sobre la llaga al afirmar que la opositora María Corina Machado es la mujer de Washington y pretenden imponerla a punta de sanciones.
En su cuenta X, Castillo remarcó que esta es la respuesta a la ratificación de la inhabilitación de Machado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y “prueba sin duda alguna” que “es la mujer de Washington y pretenden imponerla a punta de sanciones”.
La reactivación de las medidas punitivas contra el oro venezolano es otro «craso error» de la política exterior de Estados Unidos, afirmó el vicetitular de Economía.
El TSJ informó la semana pasada las decisiones sobre un grupo de políticos opositores que acudieron a ese órgano, previo pacto entre las partes, para las revisiones de sus inhabilitaciones, impuestas por la Contraloría General de la República.
Las sentencias habilitaron a cinco personas y en otras dos ratificó la invalidación por 15 años para ejercer funciones públicas a la Machado, virtual candidata del sector extremista de la oposición, y a Henique Capriles, excandidato por dos ocasiones.
De varias partes del mundo llegaron los mensajes de solidaridad y condena a la campaña orquestada por la Casa Blanca en favor de la defensa de los derechos de Venezuela a vivir en paz y continuar la senda de la prosperidad económica, dijo el canciller Yván Gil.
“Toda nuestra solidaridad con el hermano pueblo y gobierno venezolanos”, expresó el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez.
Los Estados miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos denunciaron que Estados Unidos no tiene “ningún tipo de moral” para amenazar a un Estado libre y soberano y condenaron y rechazaron la amenaza contra la soberanía de la República Bolivariana.
Mensajes solidarios llegaron también de la Bancada Parlamentaria del Partido Perú Libre, el Partido Comunista Peruano, el Movimiento Izquierda Unida de República Dominicana y de países como Irán y Rusia, entre otros.
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