Por Waldo Mendiluza
Corresponsal jefe en Francia
El impacto de la inflación, los bajos salarios, la competencia desleal, la burocracia, la desigualdad en los ingresos y normas ambientales europeas que tildan de muy severas estuvieron desde la segunda mitad de enero a principios de febrero en el centro de las denuncias, movilizaciones que contaron con el bloqueo de autopistas con tractores como su principal herramienta, aunque no fue la única.
La obstrucción el 18 de enero de la ruta A64, que enlaza a las sureñas ciudades de Toulouse y de Bayona (País Vasco francés), marcó el inicio de las protestas, las cuales escalaron hasta promediar al menos 10 mil manifestantes diarios con cinco mil tractores que, en algunos casos irrumpieron en ciudades, con incidentes aislados de violencia.
Con la divulgación el jueves 1 de febrero por el primer ministro Gabriel Attal de un paquete de medidas, las tensiones bajaron, sin que los campesinos se dieran satisfechos con totalidad, y un sector prometió mantener la presión.
La lista de acciones incluyó la creación de una fuerza europea contra el fraude sanitario, la prohibición de importar frutas y verduras tratadas con el pesticida tiacloprid, dañino para las abejas, las cláusulas de resguardo frente a las importaciones avícolas desde Ucrania y la vigilancia en cuestiones de origen.
De igual manera, Attal ofreció una ayuda fiscal de 150 millones de euros a criadores y prometió revisar el tema de la jubilación de los trabajadores del campo, paquetes valorados en alrededor de 600 millones de euros.
El gobierno, en las voces del presidente Emmanuel Macron y del primer ministro, reiteró además la negativa de Francia a respaldar el acuerdo Unión Europea (UE)-Mercado Común del Sur (Mercosur), integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Otra medida se refirió a la cruzada gubernamental para hacer cumplir la ley de equilibrio en las relaciones comerciales que protege a los campesinos de eventuales pérdidas económicas en las operaciones mercantiles.
Una decisión polémica para frenar la cólera de los agricultores resultó la pausa en la ejecución del Plan Ecophyto, activado en 2009 con el propósito de reducir el uso de pesticidas.
Organizaciones ambientalistas y políticos cuestionaron ese paso, entre ellos la líder del partido Europa Ecología Los Verdes, Marine Tondelier, quien afirmó estar harta de objetivos y proyectos que no son jamás respetados.
Todo el mundo perdió con esta decisión gubernamental, desde hace 15 años nos prometieron con este plan bajar el uso de pesticidas, pero eso no sucedió, dijo.
EL MALESTAR NO DESAPARECE
La Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores de Francia (Fnsea) y los Jóvenes Agricultores (JA), las de mayor poder de convocatoria durante el movimiento, llamaron a sus afiliados a suspender los bloqueos de autopistas, en reacción a los anuncios de Attal a principios de mes.
En declaraciones a la prensa, el presidente de la Fnsea, Arnaud Rousseau, y su par de los JA, Arnaud Gaillot, señalaron que llegó el momento de pasar a una nueva forma de movilización, aunque advirtieron al gobierno que están dispuestos a retomar la presión de no materializarse resultados concretos.
Al respecto, fijaron como plazo inicial el Salón de la Agricultura de París, previsto a partir del 24 de febrero en el recinto ferial de la Puerta de Versalles.
Si para junio no se han satisfecho nuestras demandas, no dudaremos en regresar a un movimiento de alcance general, subrayó Gaillot.
Por su parte, Rousseau insistió en que la “cólera no quedó atrás”, una alerta que el ejecutivo asegura no ignorar.
El momento más visible de la crisis está en el pasado, pero los agricultores no han parado para la eternidad, aceptó en la cadena CNews el ministro de Agricultura, Marc Fesneau, quien reiteró las promesas de que vendrán otros anuncios en beneficio del campo.
Considerando el alcance dentro de la UE del malestar de los campesinos, con protestas también en Alemania, Bélgica, España, Italia, Países Bajos, Polonia y otros Estados miembros del bloque de 27, el presidente Macron, admitió en Bruselas la urgencia de una nueva política agrícola del siglo XXI.
En sus cuestionamientos, criticó los controles sanitarios desiguales, los problemas en el tratamiento de las importaciones –chequeos menos rigurosos que en el ámbito interno- y el acuerdo UE-Mercosur, sobre el cual no hay consenso dentro de la Unión, con líderes como el canciller alemán, Olaf Scholz, con una postura contraria, al presentarse en el papel de partidarios del mismo.
Si la Fnsea y JA aceptaron abandonar los bloqueos de autopistas con tractores, otros sindicatos con participación activa en las movilizaciones descartaron relajar la presión, en particular la Coordinación Rural y la Confederación Campesina.
“No hemos ganado nada de nada”, expuso el vocero de Coordinación Rural, Patrick Legras, ante las decisiones del gobierno.
MUCHO POR HACER
Desde la política y las organizaciones abundan las voces que denuncian medidas que no solucionan la situación en los campos, calificada en la Asamblea Nacional de catastrófica por el dirigente comunista André Chassaigne.
No vemos ninguna medida para responder de manera seria y sostenible a la situación catastrófica que enfrentan los agricultores franceses, con una distorsión de la competencia ante la importación masiva de productos que no respetan las normas sociales y sanitarias, las consecuencias del libre comercio y los ingresos insuficientes, advirtió el diputado.
En una carta abierta publicada el lunes 5 de febrero por el diario Le Monde, organizaciones sociales y sindicales fustigaron una crisis que no podrá resolverse con las medidas gubernamentales, porque “aunque parecen beneficiar a todo el mundo, las más grandes unidades de producción serán las ganadoras y continuarán devorando a las pequeñas”.
Solo una reorientación de las políticas agrícolas europeas y nacionales garantizará salidas sostenibles en el tiempo, estimaron.
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