El texto solicitó a las autoridades británicas que consideren la apelación del fundador de WikiLeaks ante el riesgo de que sufra un trato equivalente a tortura u otras formas de castigos en caso de extradición.
De acuerdo con la experta, Assange padece un trastorno depresivo recurrente y de larga data que implica el riesgo de suicidarse.
“Si es extraditado, podría permanecer detenido en aislamiento prolongado mientras espera el juicio, o como recluso. Si es declarado culpable, podría ser sentenciado a hasta 175 años de prisión”, dijo Edwards.
La advertencia de la relatora coincide con la próxima apelación interna final tras una larga batalla legal sobre la extradición de Assange ante el Tribunal Superior de Londres que tendrá lugar el 20 y 21 de febrero.
El riesgo de ser puesto en régimen de aislamiento prolongado, a pesar de su precario estado de salud mental, y de recibir una sentencia desproporcionada plantea dudas sobre si la extradición a territorio estadounidense sería compatible con las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos, añadió.
En ese sentido, la experta recordó lo establecido por el artículo siete del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los respectivos artículos tres de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Las garantías diplomáticas de trato humano brindadas por el Gobierno de Estados Unidos no son suficientes para proteger a Assange contra tal riesgo, advirtió.
«No son jurídicamente vinculantes, su alcance es limitado y la persona que las garantías pretenden proteger puede no tener ningún recurso si son violadas», dijo.
La relatora llamó a revisar el proceso con miras a garantizar el pleno cumplimiento de la prohibición absoluta e inderogable de devolución a torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que tome todas las medidas necesarias para salvaguardar su salud física y mental.
Assange permanece en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Reino Unido, donde está recluido desde 2019 luego de que el Gobierno del entonces presidente de Ecuador, Lenín Moreno, le retirara la condición de asilado.
El también periodista y activista de origen australiano enfrenta 18 cargos penales en Estados Unidos incluidas pruebas que exponen presuntos crímenes de guerra.
mem/ebr
