La cruzada también se centró en los exministros Augusto Heleno (Oficina de Seguridad Institucional) y Walter Braga Netto (Casa Civil), vice en la fórmula de Bolsonaro en las elecciones de 2022.
También resultaron objetivos de la acción policial el timonel del Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, el exministro de Defensa, general Paulo Sergio Nogueira de Oliveira, y el exministro de Justicia Anderson Torres.
Según el diario O Globo, dos exasesores de Bolsonaro fueron detenidos: Filipe Martins, para Asuntos Internacionales de la Presidencia, y el exayudante de órdenes, coronel Marcelo Câmara.
Los dos son investigados por presumiblemente participar en una organización criminal que habría actuado en la asonada golpista y en la abolición del Estado Democrático de Derecho, a fin de mantener en el poder al entonces mandatario ultraderechista (2019-2022).
En total, fueron cumplidos 33 órdenes de búsqueda y decomiso, cuatro órdenes de detención preventiva y otras 48 medidas cautelares, incluyendo prohibición de contacto con los demás investigados.
Asimismo, prohibición de ausentarse del país, con entrega de pasaportes en un plazo de 24 horas y suspensión del ejercicio de funciones públicas.
Las órdenes se cumplen en los estados de Amazonas, Río de Janeiro, Sao Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espíritu Santo, Paraná, Goiás y en el Distrito Federal.
Tales pesquisas indican que, durante el período electoral de 2022, se organizaron grupos para difundir información falsa sobre fraude en las justas comiciales, incluso antes de las votaciones.
El objetivo era hacer posible una intervención militar.
De acuerdo con la PF, «el primer eje consistió en la construcción y propagación de la versión de fraude en las elecciones de 2022, por medio de la difusión falaz de vulnerabilidades del sistema electrónico de votación, discurso reiterado por los investigados desde 2019 y que persistió incluso después de los resultados de la segunda vuelta de los comicios».
Un segundo eje de actuación consistió en «la práctica de actos para subsidiar la abolición del Estado Democrático de Derecho, a través de un golpe de Estado, con apoyo de militares con conocimientos y tácticas de fuerzas especiales en el ambiente políticamente sensible».
Los hechos investigados pueden llevar a la imputación por los delitos de organización criminal, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado.
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