A menos de 48 horas de que quede en firme una condena por 10 años y seis meses de prisión por lavado de dinero, la cancillería local confirmó que recibió una nota de su par nicaragüense en la que comunica la decisión de otorgar asilo al exgobernante, que por la misma causa está obligado a pagar una multa de 19,2 millones de dólares.
En la primera reacción oficial a esa medida, una nota diplomática enfatizó que la cancillería se limitó a poner en conocimiento de las autoridades competentes, la referida comunicación y no se ha llevado a cabo ninguna otra acción, lo cual niega el otorgamiento de salvoconducto para que salga del país.
En el comunicado de la cancillería nicaragüense, la víspera, se precisó que se decidió otorgar asilo a Martinelli- quien permanece en el interior de la embajada de ese país en esta capital- de conformidad con la Convención sobre asilo de 1928 y sobre asilo político de 1933, y en reconocimiento a que ese estatus es una institución de carácter humanitario y que todas las personas pueden estar bajo su protección, sin distingo de nacionalidad.
Para la exprocuradora de la Nación Ana Matilde Gómez, es “cobarde” el acto del expresidente Martinelli de pedir asilo a Nicaragua. “Es valiente para violar la ley y cobarde para enfrentar la justicia”, aseveró.
Para la también exdiputada, Martinelli no puede argumentar que no ha podido realizar la defensa legal, cuando se le ha permitido presentar todos los recursos posibles.
“No puede huir toda la vida, ni evadir la justicia toda la vida”, expresó Gómez, quien agregó los panameños no merecen la situación que está ocurriendo, y más cuando se ha esperado la condena de “un cuello blanco” y de un expresidente.
Por su parte, el abogado Francisco Carreira, dijo que Panamá tiene todo el derecho de revisar y decidir sobre esta solicitud. Además de decidir si conceder o no el salvoconducto.
“Panamá puede hacer todas las reservas que quiera dentro de esta circunstancia”, expresó.
Para varios movimientos populares, Martinelli es un delincuente que ha robado fondos del erario público y por primera vez recibe una condena que mañana viernes quedaría en firme por lo que debe ir a la cárcel.
Al respecto, el abogado Fernando Gómez señaló que es obligación del asilado, mientras se mantenga en la legación diplomática o cuando se encontrara en el país asilante, no intervenir en ningún tema político.
Hacia los comicios generales de mayo próximo, Martinelli a la fecha es el candidato presidencial del partido Realizando Metas (RM) y de quedar en firme la sentencia de la jueza Baloisa Marquínez, el Tribunal Electoral (TE) deberá proceder a inhabilitarlo.
Este jueves, el TE informó que aún no ha recibido copia de la sentencia en firme en el caso del expresidente.
En el comunicado también se subraya que de acuerdo con el artículo 180 de la Constitución Política, no puede ser elegido presidente de la República quien haya sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad de cinco años o más.
Además, la entidad recordó que le corresponde “inhabilitar” a aquellos que se encuentren en esta condición jurídica, según lo establece el numeral 10 del artículo 615 del Código Electoral
En el último punto señalado en el mensaje, el TE dejó claro que, cuando llegue la copia de la sentencia en firme autenticada, “se procederá al trámite correspondiente de manera expedita y conforme lo establecido la Carta Magna y la ley electoral.
Al respecto, el compañero de fórmula de Martinelli, su exministro de Seguridad José Raúl Mulino, dijo que es triste para la justicia panameña, que un candidato que le favorecen las encuestas, a lo largo y ancho del país, haya tenido que tomar esta difícil decisión para proteger sus derechos y su propia integridad.
También adelantó que continuará la campaña de RM de conjunto con el partido Alianza para impulsar todas las propuestas en el plan de Gobierno de ganar en las urnas el 5 de mayo.
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