Por Elizabeth Borrego Rodríguez
Corresponsal jefa en Naciones Unidas
La reciente visita del Consejo de Seguridad al país, a la par de la extensión del cese al fuego -firmado en Cuba con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)- confirmaron nuevos pasos en el camino para una paz total lanzado por el Gobierno que encabeza Gustavo Petro.
Para la representante permanente alterna de la nación sudamericana ante las Naciones Unidas, Arlene Tickner, el acompañamiento internacional resulta decisivo para el éxito de las distintas negociaciones con actores armados.
“Si uno revisita históricamente esos procesos, algo que ocurrió en el de 2016 y en los posteriores, es no solo una convocatoria por parte del Estado colombiano para el acompañamiento internacional, sino una visión más clara de por qué y para qué es importante”, aseguró en entrevista exclusiva con Prensa Latina.
La también embajadora consideró que la participación tanto de la ONU como de los países garantes -Brasil, Cuba, Chile, México, Noruega y Venezuela- brinda seguridad a las partes negociadoras, ayuda a que el proceso avance, al tiempo que impulsa el diálogo en caso de estancamiento.
El Consejo de Seguridad y su Misión de Verificación, establecida en 2016 por ese órgano de Naciones Unidas, juega un papel crucial con el objetivo expreso de verificar la implementación del Acuerdo Final de Paz y ayudar a Colombia en su compromiso con la terminación del conflicto.
UNA MISIÓN PARA LA PAZ ÚNICA
A diferencia de otras misiones de paz, la de Colombia fue aprobada a solicitud de las partes interesadas en forjar el camino de la estabilidad, un detalle que la convierte en caso particular.
Tras casi ocho años de trabajo, el mecanismo presenta trimestralmente los avances del proceso, sus consideraciones y sugerencias al seno del Consejo de Seguridad, mientras que su mandato se ha ampliado a la par que evoluciona el contexto.
De acuerdo con Tickner, la ampliación del trabajo de la Misión también es resultado de una construcción conjunta liderada por las necesidades y las posiciones de los actores nacionales.
“De nuevo, de algún modo señala otro modo de actuar del Consejo de Seguridad y de las Naciones Unidas que generalmente no vemos en estos casos”, resaltó.
El más reciente informe de ese organismo, presentado en enero último, reconoció la determinación en el país para la consolidación de la paz y destacó las iniciativas de diálogo con el ELN y con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como procesos que se refuerzan mutuamente.
El jefe de la Misión de Verificación, Carlos Ruiz Massieu, consideró al proceso en ese país como un ejemplo para situaciones de conflicto en otras partes del mundo.
A siete años de la firma del Acuerdo, existen obstáculos que superar pero también ingredientes para el éxito, aseveró el representante al informar al Consejo de Seguridad sobre los avances desde finales de septiembre hasta diciembre de 2023.
LA TIERRA Y LA INCLUSIÓN ÉTNICA SOBRE LA MESA
De acuerdo con la representante permanente alterna, entre los puntos del Acuerdo Final observados por la Misión de Verificación, la Reforma Rural Integral resulta neurálgica ante la desigual distribución de la tenencia de la tierra en Colombia.
“El tema de la propiedad de tierras ha estado en la raíz de nuestro conflicto armado a lo largo de décadas y por ende se trata de un problema estructural que ha sido difícil de resolver”, consideró.
En esas circunstancias, contar con el acompañamiento internacional es de nuevo una garantía más de que este Gobierno y otros puedan tener éxito a la hora de cumplir con lo acordado.
De igual forma, el capítulo étnico liderado por la vicepresidenta, Francia Márquez, es también fundamental por su atención a las víctimas y los grupos en situación de vulnerabilidad, en particular indígenas y afrodescendientes, cuyas necesidades particulares y afectaciones específicas han sido reconocidas en el Acuerdo.
“El respaldo de la Misión ahí es importante para lograr garantizar que haya, no solo un proceso de reparación y verdad exitoso, sino una inclusión genuina en todo lo que concierne a la implementación de la paz en el país”, insistió.
Además de estos dos, la Misión monitorea la reincorporación económica, social y política de los y las excombatientes de las FARC-EP, las garantías de seguridad de las personas en proceso de reincorporación y las comunidades y organizaciones en el territorio, así como las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz.
UN MOMENTO DESAFIANTE Y DECISIVO
A juicio de la diplomática, el compromiso del actual Gobierno colombiano ofrece una visión holística de un país con condiciones propicias para lograr una paz duradera con su Plan Nacional de Desarrollo.
Ese programa, precisó, incluye desde cuestiones ambientales como el tema del agua, hasta la igualdad de género y la importancia de la participación de las mujeres y distintos sectores de la población en la paz y en general.
El Plan busca “atender las causas estructurales de la violencia y la inseguridad y del conflicto pero al mismo tiempo generar condiciones para la creación de las políticas para quienes no han participado en el pasado”.
Mientras tanto, la Misión de Verificación reconoce la necesidad de redoblar los esfuerzos para la protección de líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz.
Su último informe pide además que se pongan en marcha de forma inmediata los principales mecanismos de garantías de seguridad y las políticas recientemente adoptadas.
A juicio de la embajadora alterna, la esperanza del actual Gobierno es continuar consolidando una política de paz.
Para avanzar en un camino firme y adelantado en ese sentido, Tickner consideró esencial implementar lo acordado en 2016, mantener el avance con los otros actores armados, y adelantar el Plan Nacional de Desarrollo.
La hoja de ruta es robusta, dijo, ahora dependerá del éxito que se tiene en sembrar y cultivarla.
Es un momento desafiante en múltiples sentidos pero por el compromiso que tiene el Gobierno, podríamos decir que es un momento decisivo.
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