Las gestiones tuvieron que ser suspendidas y en otros casos se hicieron más lentas, algo que repercute en la asistencia prevista a la población, especialmente a los desplazados.
El acceso a los lugares de acogida es difícil para las agencias humanitarias, y la distribución de la ayuda hacia el sur está comprometida por las dificultades de acceso al puerto.
La violencia también llevó al saqueo de una entidad distribuidora en el sur, lo que dificultará seriamente sus operaciones en los próximos días.
Los disturbios también afectan las actividades empresariales y comerciales, incluido el suministro de productos alimentarios.
Según un estudio reciente del Programa Mundial de Alimentos (PMA), las semanas de inseguridad provocaron un aumento del 23 por ciento en los precios de la comida en varios departamentos.
Alrededor de 90 mil de personas -según el PMA- fueron afectadas por estas subidas, limitando su capacidad de acceso a los productos básicos.
Alerta el organismo internacional que la continuación de las protestas, y los bloqueos podrían deteriorar aún más la situación alimentaria de la población.
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