La aeronave arribó a esta nación el 6 de junio de 2022 con 19 tripulantes (14 venezolanos y cinco iraníes) y una carga consistente en piezas para compañías del sector automotor.
Intentó continuar viaje hacia Uruguay, pero fue denegado su ingreso a ese país y debió regresar al aeropuerto internacional de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.
Pese a no detectarse irregularidades, el avión estuvo retenido hasta ahora en suelo argentino y su caso fue manipulado por grupos opositores que alegaron, incluso, supuestos vínculos de la tripulación con el terrorismo.
El Gobierno venezolano calificó la acción de “vergonzosa operación de rapacería” y aseguró que se inscribe en la lista de agresiones de Estados Unidos a esa nación.
La aeronave fue incautada ilegalmente en Argentina y su tripulación estuvo retenida por varios meses, alejada de su familia y sometida a proceso judicial del cual todos sus miembros resultaron absueltos por la misma justicia que el lunes convalidó el “decomiso” por parte de Washington, señala un comunicado de la Red.
Asimismo, cuestiona los intentos de ocultar lo que constituye “un alevoso robo realizado por agentes extranjeros en nuestro territorio”.
Hacemos llegar nuestro apoyo a la embajadora de Venezuela en Argentina, Stella Lugo, y al personal diplomático de su sede, objeto de ataques infundados frente a la conducta intachable de defender el patrimonio de su país, en acuerdo total al derecho internacional, apunta el documento.
Es, sin dudas, un acontecimiento de enorme gravedad institucional, con impactos no deseados en la imagen de Argentina, lesionada como nación en el respeto y confianza que inspiró en la región, añade.
Además, considera que “la ignominia comenzó en 2022, pero esta consumación solo puede ser explicada por una justicia servil al alineamiento incondicional que el actual gobierno retoma en el marco de una política exterior errática, incompetente y antiargentina”.
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