Indica que, de junio de 2021 a la fecha, más de 10 mil personas de la región fronteriza de ese estado con Guatemala, han sido víctimas de desplazamiento forzado por la violencia generada por grupos del narcotráfico, con asesinatos, desapariciones, extorsiones, levantones, reclutamiento forzado y control en general de la zona.
A la advertencia se unen la denominada Red Todos los Derechos para todos (Red TDT), el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza, entre otras, las cuales aseguraron en un comunicado conjunto que los grupos criminales de la delincuencia organizada están disputándose el territorio y en ello despliegan recursos propios de un conflicto armado.
Ello genera enfrentamientos generalizados y recurrentes, uso de artefactos explosivos, de drones artillados, quema de vehículos y corte de circulación en carreteras.
Un activista, Carlos Ogaz, del Grupo de Trabajo Región Frontera, denunció que, en ese contexto, someten a la población civil a un miedo constante que le impide llevar a cabo sus actividades cotidianas.
Existe un control muy duro de la población civil que vive bajo amenazas y violencia física directa, y se llega incluso a los extremos del reclutamiento forzado de jóvenes, sobre todo.
Ogaz amplió que la población ha sido tomada como rehén, utilizada como escudo, también forzada a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos en disputa.
Por su parte Sandra Suaste, de la Red TDT, advirtió que esa situación se vive en la región de la frontera, que abarca los municipios de La Trinitaria,
Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista, y la calificó de crisis humanitaria.
En el informe se da cuenta de que entre junio del 2021 y diciembre del 2023 se documentó la desaparición de 183 personas. Además, expone que el ambiente de las comunidades es de vigilancia permanente y desconfianza generalizada.
Las organizaciones, más de 300, apuntaron que un elemento clave del dominio territorial es el control de bienes y recursos naturales. En este sentido, señalaron que hay actividades extractivas de los grupos criminales en colusión con empresas y la aquiescencia de distintos niveles del gobierno, pero no presentan pruebas.
Advirtieron que la delincuencia organizada se ha insertado en los servicios de salud, recolección de basura, unidades administrativas de gobierno, abastecimiento de alimentos, educación en los distintos niveles y hasta festividades recreativas.
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