La Cancillería divulgó en redes sociales el texto que expresa preocupación por la detención de la opositora Rocío San Miguel y llamó a su liberación y a deponer los cargos.
San Miguel fue detenida cuando se disponía a salir de su país, donde se investiga su participación en acciones desestabilizadoras, según el gobierno de Caracas.
La declaración también rechazó la decisión venezolana de cerrar la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El gobierno de Venezuela consideró impropio el papel de esa dependencia de la ONU. «Lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país», cuestionaron las autoridades.
Según la Cancillería, la declaración está suscrita también por los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador y Paraguay.
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