Anteriormente asilado en la embajada de Ecuador en esta capital durante siete años, el periodista australiano está ahora en manos de dos jueces que decidirán, tras dos días de vista pública, si el caso merece un nuevo examen o quedará cerrado.
Si definitivamente el tribunal autoriza la extradición, Assange enfrentará una pena de 175 años, como resultado de la presentación de 18 cargos penales en su contra asociados a la difusión de material clasificado y cables diplomáticos en 2010 y 2011 mediante WikiLeaks, fundado en 2006.
Buena parte de la investigación propagada está relacionada con las acciones de las fuerzas norteamericanas en las guerras de Irak y Afganistán, y Chelsea Manning, analista de inteligencia del Ejército y una de las proveedoras de esa información, recibió 35 años de prisión, sentencia luego conmutada.
Las acusaciones de la Casa Blanca tienen como base la Ley de Espionaje, aprobada hace más de 100 años para la condena a traidores y espías durante la Primera Guerra Mundial, si bien nunca antes la emplearon contra un periodista.
En Washington también intentan negar la condición de periodista de Assange, y afirman, asimismo, que publicó datos sin contexto y es un hacker; no obstante, él mereció numerosos premios internacionales.
Solo en julio de 2010, WikiLeaks divulgó más de 90 mil documentos clasificados—hecho catalogado como la mayor filtración desde los Papeles del Pentágono durante la guerra de Vietnam— desde categorías como la búsqueda de Osama Bin Laden hasta las muertes de civiles afganos.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, derechos civiles y otras asociadas al campo de la comunicación, apoyan a Assange.
En un comunicado conjunto del 14 de febrero último, la Federación Internacional de Periodistas y la Federación Europea de Periodistas refirieron que la persecución en curso contra Julian Assange «pone en peligro la libertad de los medios en todo el mundo”.
Este martes, los abogados expusieron las razones para que su cliente no viaje a Estados Unidos, entre ellas, el acoso por delitos políticos y el riesgo real de sufrir una flagrante violación de sus derechos procesales.
Durante la primera jornada, caracterizada además por una gran concentración en apoyo al australiano de 52 años, los letrados argumentaron que no existe posibilidad de un juicio justo en territorio norteño y la extradición viabilizaría la criminalización del periodismo de investigación.
Sumado a ello, los profesionales cuestionaron la legalidad del traslado, fundado en un tratado bilateral suscrito entre Londres y Washington y adelantaron que, en caso de retomar el proceso en los tribunales británicos, presentarán un complot de la CIA para asesinar a Assange.
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