«El único motivo por el cual hizo uso del silencio fue debido al hecho de que él responde hoy a una investigación semisecreta», afirmó el abogado Paulo Cunha, quien representa al exmandatario (2019-2022).
Refirió que su defendido nunca fue favorable a ningún tipo de acción golpista y «no teme nada porque no cometió ningún delito».
El staff jurídico del exgobernante adelantó en una nota que hasta no tenerse el legítimo y amplio acceso a la investigación, «Bolsonaro no prestará ninguna declaración».
La PF descubrió, entre otros elementos, un video de la reunión en la que el expresidente comunica a sus ministros que no pueden esperar el resultado de las elecciones de 2022 para actuar.
Además de la grabación, decomisada en el ordenador de Mauro Cid, exayudante de órdenes del exjefe de Estado, los peritos policiales recogieron otros elementos que colocan al político ultraderechista en el centro de la trama golpista.
Por ejemplo, en ese encuentro, según revela el audiovisual, Bolsonaro predice que podría perder las justas comiciales ante Luiz Inácio Lula da Silva, entonces candidato del Partido de los Trabajadores, y pide a los ministros para activar «el Plan B».
En la misma cita, uno de sus auxiliares más cercanos, el general Augusto Heleno, entonces jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, sostiene que la mesa tenía que ser volcada pronto, antes del resultado del referendo.
La fuerza del orden público encontró, además, en la oficina de Bolsonaro en la sede del Partido Liberal (PL), un documento con contenido golpista que anunciaría la promulgación de un Estado de Sitio y la imposición de la garantía de la ley y el orden en el país.
El 8 de febrero Bolsonaro resultó blanco de una operación de la PF por presuntamente estar implicado en la asonada.
La cruzada se centró en Heleno y Walter Braga Netto (Casa Civil), vice en la fórmula de Bolsonaro en la pasada votación.
Asimismo, resultaron objetivos de la acción policial el timonel del PL, Valdemar da Costa Neto, el exministro de Defensa, general Paulo Sergio Nogueira de Oliveira, y el exministro de Justicia Anderson Torres.
En total, fueron cumplidos 33 órdenes de búsqueda y decomiso, cuatro órdenes de detención preventiva y otras 48 medidas cautelares, incluyendo prohibición de contacto con los demás investigados.
Los hechos investigados pueden llevar a la imputación por los crímenes de organización criminal, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado.
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