De acuerdo con un comunicado del CNE, en estos comicios la ciudadanía deberá pronunciarse sobre 11 preguntas, cinco de Referendo, de las cuales una corresponde a reforma parcial y cuatro de enmienda constitucional y seis correspondientes a la Consulta Popular.
Las autoridades electorales también aprobaron el límite de gastos de estos procesos en un monto de dos millones 730 mil 858,20 dólares para cada opción.
Según el calendario vigente, las organizaciones sociales y políticas de ámbito nacional interesadas en participar deberán inscribirse desde este miércoles hasta el 4 de marzo próximo.
Unos 13 millones 654 mil 291 electores deberán acudir a las urnas para votar Sí o No a cada una de las 10 preguntas propuestas por el presidente Daniel Noboa, así como a otra interrogante sobre la participación de las Fuerzas Armadas en acciones contra la inseguridad de forma permanente.
Los cuestionamientos fueron avalados previamente por la Corte Constitucional y según el calendario habrá un periodo para realizar campaña a favor o en contra de los temas propuestos.
Las preguntas que conllevarían modificaciones a la Carta Magna están relacionadas con la eliminación de la prohibición de extradición de personas ecuatorianas y la incorporación de judicaturas especializadas en materia constitucional.
También buscan aprobar permisos para arbitraje internacional entre el Estado y reclusos, así como la incorporación de contratos laborales por horas y a plazo fijo.
De igual manera, otras interrogantes buscan reformas a leyes vigentes sobre el control de armas y municiones por parte de las Fuerzas Armadas, tipificación de delitos por tenencia de armas, e incremento de penas para terrorismo o delincuencia organizada.
La propuesta de Noboa de realizar una consulta popular recibió calificativos de errática e innecesaria, pues abarca asuntos que pueden tratarse en el legislativo sin necesidad de realizar el proceso, considerado costoso en las actuales circunstancias de déficit fiscal del país.
Analistas consideran que para el mandatario la consulta busca generar legitimidad a su política de seguridad que, de ser exitosa, podría catapultarlo en sus intenciones de postularse para un nuevo periodo de cuatro años en los comicios de febrero del 2025.
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