Mediante una cadena nacional transmitida en la noche de este martes, el CNE precisó que el sufragio es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años, con derecho a ejercer el voto, y a las personas privadas de la libertad, sin sentencia condenatoria.
De forma facultativa podrán acudir a las urnas jóvenes entre 16 y 18 años, personas mayores de 65 años, ecuatorianos residentes en el exterior registrados, integrantes de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en servicio activo, personas con discapacidad o analfabetos, y extranjeros con más de cinco años de residencia.
En total 13 millones 654 mil 291 electores deberán responder Sí o No a cada una de las 10 preguntas propuestas por el presidente Noboa, así como a otra interrogante sobre la participación de las Fuerzas Armadas en acciones contra la inseguridad de forma permanente.
Las preguntas que conllevarían modificaciones a la Carta Magna están relacionadas con la eliminación de la prohibición de extradición de personas ecuatorianas y la incorporación de judicaturas especializadas en materia constitucional.
También buscan aprobar permisos para arbitraje internacional entre el Estado y reclusos, así como la incorporación de contratos laborales por horas y a plazo fijo.
De igual manera, otras interrogantes buscan reformas a leyes vigentes sobre el control de armas y municiones por parte de las Fuerzas Armadas, tipificación de delitos por tenencia de armas, e incremento de penas para terrorismo o delincuencia organizada.
La propuesta de Noboa de realizar una consulta popular recibió calificativos de errática e innecesaria, pues abarca asuntos que pueden tratarse en el legislativo sin necesidad de realizar el proceso, que costará 60 millones de dólares al Estado.
Analistas consideran que para el mandatario la consulta busca generar legitimidad a su política de seguridad que, de ser exitosa, podría catapultarlo en sus intenciones de postularse para un nuevo periodo de cuatro años en los comicios de febrero del 2025.
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