La iniciativa, de la Fundación Hijos y Madres del Silencio (HMS) y de la organización Cheil Chile, fue presentada en el contexto del cuarto Congreso Internacional de Adopciones Ilegales y Tráfico de Niñas y Niños, celebrado en esta capital.
Marisol Rodríguez, presidenta de la fundación HMS, explicó que llevan 10 años trabajando y en ese período lograron más de 300 reencuentros familiares.
“Necesitamos que el Estado se haga cargo, que haya una política de búsqueda para reparar esta deuda histórica”, demandó Rodríguez.
Por su parte, la directora del museo, María Fernanda García, recordó que la mayoría de las madres víctimas de este delito eran jóvenes de zonas rurales y de familias vulnerables.
“Aquí nos enfrentamos al horror del horror”, dijo, y consideró que es tiempo de que como sociedad haya un compromiso con la búsqueda de estos menores, estimados en más de 20 mil.
Al lanzamiento de la campaña asistieron víctimas del robo de sus hijos; así como chilenos adoptados en Suecia, diversas autoridades de Gobierno, de la Cámara de Diputados y del Senado, además de representantes de la sociedad civil.
Sara Emilia Díaz contó a Prensa Latina cómo en 1974, cuando dio a luz en el hospital Barros Luco no la dejaron ver al bebé, la sedaron para que durmiera y al día siguiente le dijeron que el niño había muerto y lo iban a dejar para estudio.
“Yo tenía 16 años en aquella época, recién estaba empezando la dictadura (1973-1990), así que no teníamos derecho a reclamar y la última vez que vine me dijeron que si insistía, me iba a ir mal”, recordó.
El diputado Boris Barrera se refirió al trabajo que viene realizando con la Fundación Hijos y Madres del Silencio, lo cual permitió elaborar un proyecto de ley, presentado hace un par de meses ante el Congreso, referido al derecho a la identidad de origen, que aborda esta problemática.
La iniciativa, que ahora se encuentra en la Comisión de Constitución del Parlamento, se basa en la experiencia Argentina, donde también robaron y secuestraron a muchos niños, afirmó el legislador a Prensa Latina.
Añadió que estas violaciones a los derechos humanos se cometieron no solo en hospitales de la capital, sino también en Iquique, Temuco, Antofagasta y en todo Chile.
En esas prácticas estaban involucrados médicos, trabajadores sociales que laboraban para el Estado, jueces que firmaban los informes falsos de adopciones, aseguró.
Barrera expresó la necesidad de que el gobierno coloque con carácter de urgencia el proyecto de ley, que el Estado se haga cargo de este proceso, forme un comité interministerial y cree una especie de comisión de la verdad parecida a la Valech o la del Informe Rettig.
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