Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de esta nación sudamericana solicitó el consentimiento del jefe de la misión diplomática mexicana para que las fuerzas del orden, que dependen del Ministerio del Interior, ingresen a los locales de la embajada y cumplan con la captura de Glas.
En el documento, la Cancillería ecuatoriana alegó que el pasado 5 de enero, el juez Nacional de Garantías Penales, Luis Rivera, ordenó la captura del exfuncionario por presunto peculado en el caso la reconstrucción de Manabí.
Sin embargo, aunque la Cartera de Estado reconoció que el asilo político no sería ilegal, recalcó que sí “haría vanos todos los compromisos adquiridos en instrumentos internacionales”, principalmente los que tienen como finalidad promover la cooperación entre los Estados para prevenir, combatir la corrupción, especificó el comunicado.
El pasado 8 de enero, la defensa del exvicepresidente expresó preocupaciones sobre la equidad e imparcialidad del sistema judicial del país ante los intentos por vincular al político con nuevos casos de corrupción.
El equipo de abogados internacionales de Glas, representado por el bufete belga Juscogens, emitió un comunicado en el que negó cualquier relación con el caso Metástasis o un supuesto pago por la libertad de Glas.
Según la Fiscalía, el narcotraficante Leandro Neorero, asesinado en octubre de 2022, pagó por la salida de Glas de prisión, lo cual ocurrió el 28 de noviembre de ese año, o sea, después de la muerte del criminal.
“Esta situación es presentada como parte de una campaña de desprestigio y criminalización mediática, sin una vinculación formal probada”, afirmó la defensa.
Los abogados también señalaron posibles motivaciones políticas en relación con el denominado caso Reconstrucción de Manabí, dentro del cual le piden prisión preventiva ante un presunto peculado por la realización de obras públicas en esa provincia tras el terremoto de 2016.
Ante lo que considera una persecución, el exvicegobernante solicitó asilo de manera oficial al gobierno mexicano, mientras permanece desde el domingo 17 de diciembre en la sede diplomática de dicha nación en Quito.
Por su parte, el gobierno ecuatoriano advirtió que deploraría un posible otorgamiento del asilo por parte de México y detalló que actuaría con toda firmeza en ese caso.
El antiguo vicegobernante, considerado uno de los símbolos del “lawfare” en Ecuador, recibió de forma temporal el beneficio de la prelibertad el 28 de noviembre de 2022, luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos, respectivamente, sin embargo, la medida fue revocada.
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