El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer que en los meses de enero y febrero del 2024 se contabilizan 157 homicidios en el país.
La mayoría de estas muertes violentas son personas entre 18 y 29 años, y la capital San José notifica 39, seguido de la caribeña provincia de Limón con 37; mientras la occidental Puntarenas reporta 34 y la central Alajuela 16.
En declaraciones a la prensa, Álvaro Ramos, experto en seguridad, explicó que febrero fue el mes más violento de toda la historia porque cierra con 88 homicidios, este año de 29 días por ser bisiesto y registró un poco más de tres homicidios por días.
En término de estadísticas, fue agosto de 2023 el que registra más muertes al sumar 90 homicidios, pero tenía 31 días lo que da un promedio de 2.9 homicidios por día.
De la totalidad, 73 fueron cometidos con arma de fuego, lo que significa un 82,9 por ciento de los casos registrados. Mientras que durante el mes de febrero fueron reportados cuatro homicidios por arma blanca, que se trata de un 4,5 por ciento de los casos.
A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo y demás poderes del Estado para frenar el narcotráfico y la ola de criminalidad que lo acompaña, Costa Rica contabiliza a diario muertes violentas.
El presidente Rodrigo Chaves llamó esta semana a los diputados a agilizar y aprobar las leyes para combatirlo, pues desde fines de año, una comisión parlamentaria estudia 10 proyectos destinados a reformar y endurecer las actuales.
Compatriotas pongámosnos las pilas, señores de la Asamblea pongámosnos las pilas, es un llamado patriótico, el pueblo lo está pidiendo, ustedes los están viendo más que nunca, advirtió el mandatario en conferencia de prensa.
En la semana, la comisión de seguridad y narcotráfico de la Asamblea Legislativa aprobó otra de las propuestas de leyes para combatir la criminalidad, la cual será discutida en plenario el próximo lunes.
Se trata de la ley que sanciona el delito de préstamo de dinero gota a gota, una de las situaciones asociadas al crimen organizado que se instaura en esta nación centroamericana.
El texto sustitutivo aprobado tiene que ver con el artículo 214 bis sobre extorsión cobratoria y que define las penas de cárcel y las causales por las que se pueden imponer.
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