Por mayoría de votos, los ministros aplicaron penas que varían entre 14 y 17 años de prisión a los imputados, que responden por los crímenes de asociación criminal, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado y deterioro de patrimonio derribado.
El STF comenzó a juzgar en septiembre del año pasado a los inculpados por las acciones de invasión y vandalismo en las sedes de los Tres Poderes, en Brasilia.
La corte superior recibió en total mil 345 denuncias de la Procuraduría General de la República (PGR).
De ese dígito, mil 113 fueron suspendidas para que la PGR evalúe si va a proponer acuerdos que eviten la condena.
Los actos extremistas que resultaron en la depredación de los edificios de los Tres Poderes dejaron un perjuicio material de 20,7 millones de reales (un poco más de cinco millones de dólares).
En las condenas, el Supremo viene estableciendo el pago de una multa de 30 millones (seis millones de dólares), dividida entre todos los reos, por daños colectivos.
La Policía Federal (PF) detuvo el 29 de febrero a dos empresarios sospechosos de financiar la asonada.
Fueron blanco de la PF Joveci Xavier de Andrade y Adauto Lúcio de Mesquita, socios de la red Mejor Mayorista.
En un comunicado, la defensa de los hombres de negocios informó que «no obtuvo acceso a la decisión».
Ambos empresarios del Distrito Federal (DF) resultaron detenidos en la 25 fase de la llamada Operación Lesa Patria, que indaga los episodios antidemocráticos.
Los investigadores cumplieron 34 órdenes judiciales: 24 de búsqueda y captura, tres de prisión y siete de monitoreo electrónico.
Tanto la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de los Actos Antidemocráticos, de la Cámara Legislativa del DF (CLDF), como la de los actos golpistas, del Congreso Nacional, pidieron la acusación de los empresarios.
De Andrade está señalado como uno de los financiadores el campamento bolsonarista (adeptos del exmandatario Jair Bolsonaro) que estaba frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia, además de proporcionar transporte para los radicales que cometieron los ataques.
Escuchado en la CPI de los Actos Antidemocráticos de la CLDF, negó haber participado de los ataques, pero, al mismo tiempo, admitió que estuvo en el lugar en el momento de los actos de vandalismo.
De Mesquita es sospechoso de transferir dinero a cuentas bancarias de golpistas, pagar el transporte hasta la Explanada de los Ministerios el día de los ataques a las sedes de los Tres Poderes y participar activamente en las manifestaciones.
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