La sesión culmina un veloz proceso, tras varios intentos fallidos por carencia de sustento legal, de descabezar una instancia judicial cuya importancia radica en el hecho de que evalúa, designa y destituye a jueces y fiscales de todo el país y de todos los niveles.
El vicepresidente de la JNJ, Aldo Vásquez, declaró hoy que un sector del congreso (mayoritario) pretende avasallar al sistema de justicia con la defenestración de los miembros de la junta, lo que afectaría la estabilidad democrática y la lucha contra la corrupción.
Vásquez agregó que confía en un sector del Congreso que ha evitado arremetidas contra la junta, impedirá que se consume la decapitación de la JNJ, la que promueven bancadas de derecha extrema que defienden a la suspendida fiscal.
La junta agregó que la destitución total o parcial de sus miembros la dejaría sin quórum y paralizaría los procesos disciplinarios en curso, el principal la investigación a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por intercambio indebido de favores con congresistas.
El organismo nombra tambiéna a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONP) y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), funcionarios que están en proceso de renovación y que son objeto también de hostilidad parlamentaria.
Organizaciones sociales y de derechos humanos cerraron filas en defensa de la JNJ y llamaron a la movilización popular contra la escalada parlamentaria en su contra.
La dirigente de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jennie Dador, advirtió que la ofensiva congresal punta a “controlar y capturar la democracia peruana” con el dominio de los organismos electorales, lo que incluye al Jurado Nacional de Elecciones.
Germán Altamirano, representante del Comando Nacional Unitario de Lucha (CNUL), bloque de organizaciones sociales y partidos progresistas, afirmó que el Congreso busca la impunidad de los responsables de 50 muertes en la represión de protestas sociales y para ello busca reponer a la suspendida fiscal Benavides.
En el frente externo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por medidas contra la JNJ, lo que plantearon también los parlamentarios estadounidenses Ben Cardin y Tim Kaine.
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