Sobre la base de notificaciones policiales, la cifra, que muestra una subida de 1,6 por ciento en comparación con 2022, resulta la mayor en un año desde 2015, cuando entró en vigor la ley que tipifica el asesinato de mujeres (a manos de un hombre por machismo o misoginia), como feminicidio.
Teniendo en cuenta las estadísticas, 18 de los 27 estados registraron tasas superiores a la media (1,4 feminicidios por cada 100 mil habitantes).
El estado de Mato Grosso (centro-oeste) tuvo la más alta en este tipo de crimen, con 2,5 mujeres asesinadas por cada 100 mil habitantes y en total 10 mil 655 fueron víctimas del flagelo entre 2015 a 2023.
Para la directora del FBSP, Samiró Bueno, «no podemos normalizar la muerte de más de 10 mil mujeres que fueron asesinadas en menos de una década por el simple hecho de ser mujeres».
Refirió que el tema fue debatido ampliamente por la sociedad civil, «pero eso no es suficiente para promover la reducción de esos crímenes que son cometidos a diario en el país».
Según la Central Unitaria de Trabajadores, Brasil transita por el segundo año del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, volcado a las cuestiones sociales, por lo tanto, sintonizado con la lucha de las mujeres, en particular las de movimientos sociales.
Tales razones refuerzan aún más la necesidad de reanudar inversiones en las políticas públicas destruidas por la administración del derrotado mandatario Jair Bolsonaro (2019-2022), para garantizar la protección de las féminas.
En este caso con el fortalecimiento y la reestructuración de comisarías y la creación de la Casa de la Mujer Brasileña, espacio de acogida a víctimas de violencia, en todas las capitales del país.
De acuerdo con especialistas, el aumento de los feminicidios muestra que las mujeres aún no han conquistado el derecho a la vida.
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