Según ese medio de prensa, el Tribunal Oral Federal 6 fijó para las 10:00, hora local, de ese día el inicio de las audiencias y la acusación estará a cargo de la fiscal Gabriela Baigún.
En el proceso, serán juzgados Fernando Sabag, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, quienes permanecen detenidos, y el tribunal estará conformado por los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Furnari.
Fueron aceptados 277 testigos y entre las declaraciones consideradas fundamentales se encuentran la de Fernández y los policías encargados de su custodia y protección.
El 1 de septiembre de 2022, Sabag apuntó con una pistola a la cabeza de la exjefa de Estado cuando ella saludaba a personas reunidas en las afueras de su domicilio en el capitalino barrio de Recoleta.
Aunque apretó el gatillo, el arma- que contaba con cinco balas- no se disparó y el individuo fue detenido por ciudadanos que lo entregaron a la Policía Federal (PFA).
Durante registros en su casa en la zona de San Martín, la PFA halló 100 balas y una laptop, la cual fue analizada junto a su teléfono móvil, cuya información se borró en manos de los peritos por una razón desconocida.
El individuo posee tatuajes con símbolos nazis como el sol negro y sus perfiles en redes sociales fueron eliminados después del hecho.
Reportes oficiales indican que la pistola estaba apta para el disparo y fue usada poco antes del ataque, pero el mal empleo por parte del agresor evitó que el proyectil entrara en la recámara y saliera.
El domingo 4, oficiales de la Unidad de Investigación Antiterrorista arrestaron a su novia (Uliarte) y ambos fueron considerados por la jueza María Eugenia Capuchetti como coautores penalmente responsables del delito de homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa.
Además, enfrentan cargos por portación de arma de guerra sin la debida autorización legal, acopio de municiones, tenencia de documento nacional de identidad ajeno y falsificación.
También fue detenido Carrizo por su papel en la organización y ejecución de los hechos.
En los días posteriores al atentado, miles de integrantes de organizaciones sociales, sindicales y políticas se movilizaron en esta capital y varias provincias para repudiar lo ocurrido y exigir el fin de los discursos de odio.
La entonces vicepresidenta agradeció las muestras de apoyo desde esta nación y el mundo y aseguró que lo más grave no fue lo que le pudo pasar, sino la violación del acuerdo establecido por la sociedad hace 40 años.
En múltiples ocasiones, Fernández denunció la participación de agrupaciones extremistas y políticas en la organización del atentado y acusó a Capuchetti de entorpecer y demorar las indagaciones cuando se hallaron pruebas que apuntaban a miembros de Revolución Federal y el partido Propuesta Republicana.
La exmandataria y sus abogados solicitaron profundizar en las investigaciones sobre el financiamiento del ataque, la presunta relación del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman con el hecho y la implicación de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la eliminación de datos de celulares de varios testigos.
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