Este viernes se cumplieron dos meses de la medida decretada por el Gobierno conjuntamente con la declaratoria de conflicto armado interno frente a la ola de violencia suscitada a inicios de enero, pero en esta nación sudamericana crece la preocupación por presuntas violaciones de derechos humanos.
Ya van más de 12 mil 470 detenidos en los operativos de las fuerzas del orden, que se mantendrán hasta abril a partir de la extensión del estado de excepción.
El jefe de Estado ha ratificado en varias ocasiones su respaldo a la labor de policías y militares, aunque esta semana organizaciones civiles denunciaron violaciones de derechos por parte de uniformados, que en su opinión ejecutan una “guerra contra las personas empobrecidas y racializadas».
Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, aseveró que la militarización de cárceles y calles no reduce la criminalidad y, por el contrario, sí aumenta la violación de derechos.
Manifestó que tiene constancia de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes de los militares hacia reos de centros penitenciarios controlados ahora por las Fuerzas Armadas.
Participantes en la marcha por el Día Internacional de la Mujer expresaron su rechazo a la narrativa oficial a favor de la militarización, la cual perjudica a personas pobres y afrodescendientes.
Durante la movilización hubo pronunciamientos en defensa de la vida, contra la violencia de género y también en rechazo a la precarización laboral y otras medidas que promueve el gobierno del presidente Noboa.
El mandatario en tres meses en el cargo ha demostrado que su intención es profundizar el neoliberalismo y denunciamos la falta de servicios sociales de calidad, merecemos trabajos y vidas dignas, aseveró Samantha Andrade, del colectivo Cholas Valientes.
El Ejecutivo también recibió reclamos del Consejo Nacional Electoral por la falta de fondos para realizar el 21 de abril una consulta popular impulsada por el propio Noboa y que costará unos 60 millones de dólares.
Ante el déficit fiscal de Ecuador, el Gobierno negocia un nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque expertos advierten que eso implicará más condicionamientos con impacto para las clases medias y populares.
Esta semana, además, hubo críticas al Gobierno por promover cambios en el sistema de seguridad social que perjudican a trabajadores y jubilados y también organizaciones indígenas rechazaron el extractivismo en sus territorios luego de que Noboa suscribiera en Canadá seis acuerdos de inversión en el sector minero.
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