En un comunicado divulgado por ese medio de prensa, dichas entidades denunciaron el incremento de los hechos violentos en esa ciudad de la provincia de Santa Fe y el agravamiento de las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad.
Asimismo, cuestionaron la difusión de imágenes y declaraciones de altos funcionarios del Ministerio de Seguridad que “contrarían las normas constitucionales, internacionales y legales en materia de prohibición de la tortura y todo trato o pena cruel, inhumano o degradante”.
Entendemos que las acciones del gobierno provincial, enmarcadas en políticas de “mano dura”, no sólo resultan violatorias de derechos humanos básicos, sino que demostraron su reiterada ineficacia para enfrentar el problema del delito y la escalada de violencia altamente lesiva, indica el texto.
Además, señala que de 2012 a 2023 Rosario experimentó un aumento significativo de las muertes violentas y se ubicó como uno de los territorios con mayor registro de homicidios de Argentina.
También se duplicó la cantidad de personas presas en cárceles y comisarías.
En dicho período, la cifra de ciudadanos detenidos en Santa Fe aumentó un 200 por ciento, situación que se tradujo, para finales de 2023, en un total de ocho mil 967 personas en establecimientos penitenciarios y una sobrepoblación de 40 puntos en esos centros.
Es decir, dos mil 593 individuos más que la capacidad ocupacional existente, precisa el documento.
Por otra parte, advierte sobre las consecuencias de la eliminación de políticas sociales e instituciones que asisten a sectores vulnerables por parte del Ejecutivo de Javier Milei.
Observamos con mucha preocupación el recrudecimiento de un discurso que avala prácticas deshumanizantes, sostenidas con un alto nivel de crueldad respecto de los padecimientos y las problemáticas sociales, señala.
Para brindar seguridad resulta imprescindible avanzar en el diseño e implementación de políticas orientadas a encontrar soluciones inmediatas, mediatas y perdurables a las demandas sociales, en el marco de la ley y el respeto a los derechos humanos, agrega.
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