Ambos temas motivan preocupación, especialmente en los colegios Médico y Químico-Farmacéutico, cuyos dirigentes critican al Ministerio de Salud por su inacción ante la extinción, el mes pasado, de un decreto temporal que hizo obligatoria la venta de genéricos, es decir medicinas iguales a las de laboratorios transnacionales, con una abismal diferencia de precios.
El plazo de vigencia del decreto feneció silenciosamente el mes pasado, pero el hecho solo se conoció el fin de semana último, con un anuncio de las grandes cadenas que daba cuenta de la novedad y agregaba que tendría a la venta genéricos, lo que fue tomado con escepticismo, pues era frecuente que no los ofreciera.
De otro lado, los citados colegios profesionales y la Asociación Peruana de Farmacias cuestionan la autorización a las grandes cadenas para tener un médico en sus establecimientos que atienda consultas relámpago, recete medicinas que se venden allí mismo y cobre sus honorarios por cada paciente.
El insólito negocio tiene la luz verde del Instituto de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (Indecopi), que dio su aprobación para que las farmacias hasta puedan vender víveres.
Los colegios Médico y Químico Farmacéutico, así como la Asociación Peruana de Farmacias, que agrupa a 20 mil negocios pequeños a cargo de profesionales farmacéuticos, criticaron al Ministerio de Salud por no prorrogar o tomar otras medidas para mantener la venta de genéricos.
El decano del Colegio Médico de Perú, Raúl Urquizo, lamentó lo que llamó error o descuido del Ministerio, que debió prorrogar el decreto o declararlo permanente.
“La gran mayoría de la población no tiene para comprar medicamentos”, agregó, al exhortar al citado organismo a que enmiende el yerro prorrogando el decreto.
La decana del Colegio Químico Farmacéutico, Sonia Delgado, hizo notar que el decreto solo obligaba a las farmacias a tener disponibles para la venta una treintena de fármacos para casos de Covid-19, cuya demanda ha mermado.
Por ello, sugirió que el Ministerio de Salud lidere una concertación con participación de los citados colegios profesionales y otras entidades concernientes, para elaborar una nueva lista de fármacos para cada región, según la patología de cada una, teniendo en cuenta la diversidad de territorios peruanos.
Similar criterio esgrimió la parlamentaria conservadora Patricia Juárez, aunque limitando la lista a 30 por ciento de los medicamentos de mayor demanda y en cada región y cinco por ciento de los de menor requerimiento.
La presidenta de la Asociación Peruana de Farmacias, Ana María Jiménez, hizo notar que las integrantes de la organización son negocios individuales y pequeños y van a continuar ofreciendo medicinas genéricas, como lo hacen desde antes del decreto.
Explicó que esas farmacias pertenecen mayoritariamente a farmacéuticos profesionales y, ante la magnitud de las dos grandes cadenas, Mifarma e Inkafarma, atienden la demanda de genéricos en zonas periféricas populares que no interesan a las cadenas.
Ante las críticas al Ministerio de Salud, el asesor del citado organismo Herbert Cuba afirmó que este tiene listo un proyecto de ley para que las farmacias en general vendan 780 fármacos genéricos y no solo una lista limitada como la recién fenecida.
El proyecto requiere la aprobación del Legislativo, donde puede enfrentar la resistencia de la mayoría congresal integrada por fuerzas neoliberales y sus aliados, cuyos críticos les imputan la defensa de negocios privados.
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