De acuerdo con el coronel Byron Ramos, titular de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros en Ecuador (Dinased), el equipo actuará principalmente en ciudades como Guayaquil, donde la extorsión se ha incrementado en los primeros meses de 2024.
En declaraciones al canal Teleamazonas, el uniformado detalló que la Policía Nacional destinará un contingente que trabajará de forma específica en el combate de las extorsiones.
Un informe de la Policía reconoció recientemente que, en Guayaquil, urbe costera e la provincia de Guayas, a pesar de la militarización en las calles hay delitos que siguen en aumento, entre ellos los secuestros y extorsiones a los ciudadanos.
Cifras oficiales revelaron que allí, entre enero y marzo del año pasado la cifra de secuestros y extorsiones llegó a 120. Sin embargo, en el mismo periodo de 2024 ese volumen ascendió a 618.
Según las autoridades, los delincuentes que secuestran o extorsionan exigen a cambio sumas que van entre dos mil y 200 mil dólares por cada víctima.
El pasado 8 de marzo, Ecuador cumplió dos meses bajo estado de excepción, medida decretada por el Gobierno conjuntamente con la declaratoria de conflicto armado interno frente a la creciente violencia, pero aumenta la preocupación por presuntas violaciones de derechos humanos.
El presidente Daniel Noboa decidió extender por 30 días más el período de excepcionalidad, única prórroga legalmente posible.
Por tanto, por un mes más las Fuerzas Armadas ecuatorianas estarán en las calles y las cárceles conjuntamente con la Policía Nacional para neutralizar a los 22 grupos delincuenciales catalogados como terroristas.
Ya van más de 11 mil 700 detenidos en los operativos de las fuerzas del orden.
El jefe de Estado ha ratificado en varias ocasiones su respaldo a la labor de los agentes del orden, aunque existen denuncias de ciudadanos y organizaciones civiles de presuntas violaciones de derechos por parte de uniformados.
A medida que aumenta la cantidad de detenidos crecen también las dudas sobre dónde se encuentran y cuántos han sido procesados legalmente.
Defensores de derechos humanos denunciaron que el contexto de estado de excepción y conflicto armado interno en el país desencadenó una “guerra contra las personas empobrecidas y racializadas».
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