El llamado de Petro a una Asamblea Constituyente, ante las maniobras de las bancadas de la oposición en el Congreso para frenar las iniciativas de reformas propuestas por su Gobierno, encendió las chispas sobre todo de los sectores de la derecha extremista.
Algunos de sus voceros insisten en que con este proceso Petro busca mantenerse en el poder por tiempo indefinido, algo negado reiteradamente por el propio gobernante.
Petro rechazó este lunes que el proceso constituyente convocado por él sea para cambiar la Constitución de 1991, ni para perpetuarse en el poder.
Recordó que en las más de tres décadas, los poderes creados por la Constituyente de 1991 no han resuelto varios problemas fundamentales, que detienen a la sociedad colombiana, y por eso el pueblo debe resolverlos.
Mientras no se aplicaba la Constitución de 1991 en estas tres décadas, los poderes constituidos fueron penetrados por un régimen de corrupción impune y de facto, dijo el mandatario, y por una gobernanza paramilitar que reemplazó el estado social de derecho y asesinó a más de 100 mil colombianos para concentrar sanguinariamente la riqueza, agregó.
En tal sentido, consideró necesario discutir en un nuevo proceso constituyente el cumplimiento del Acuerdo de Paz alcanzado entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Esto supone una reforma agraria, la inclusión del territorio y la población abiertamente excluida, y la verdad como eje de la justicia, puntualizó el presidente.
Recalcó que el Estado incumplió con el Acuerdo de Paz y la sociedad debe hacerlo cumplir y garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de existencia a toda la población colombiana como agua potable, salud y renta para la población más vieja.
De acuerdo con Petro, en los últimos 30 años la inversión pública se concentró en los sectores y los sitios más pudientes, contrario a lo ordenado por la Constitución y el Acuerdo de Paz.
Las sentencias de la corte constitucional en esta materia fueron desacatadas impunemente y hoy el que debía ser el estado social de derecho es un espacio de grandes negocios para sectores poderosos de la sociedad, aseguró.
Un nuevo proceso sería para recuperar los objetivos de la Constitución de 1991, contrarreformados, en materia de priorizar la educación pública y la reforma agraria.
Asimismo, constitucionalizar la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía; garantizar que la política monetaria, manteniendo la independencia del Banco de la República, priorice el empleo y la producción.
De igual forma, que permita cumplir la orden de la Constitución de hacer un reordenamiento territorial que resulta imperativo alrededor del agua como criterio estructurante, y en tal sentido, propone garantizar la región autonómica, pero con un fuerte proceso de inclusión de los territorios olvidados, que compense la actual y aberrante desigualdad territorial.
También, que logre separar la política de la financiación privada, porque, señaló, durante estos 30 años la justicia se reformó para construir un sistema basado en la venganza punitivista y politizada, que terminó encubriendo los grandes crímenes y se alejó de la ciudadanía.
«Proponemos llevar el sistema judicial hacia obtener la verdad para buscar la reparación de las víctimas y lograr como fin máximo la reconciliación social como punto final de la era de la violencia. La verdad es la antesala de toda reconciliación y perdón», recalcó.
«¿Qué pasará con las actuales reformas en el congreso? Si una mayoría formada en la comisión séptima del senado anula los proyectos de ley discutidos arduamente en el Congreso, anulará el proceso de una transición tranquila y ordenada», subrayó.
Recordó que el sistema de salud ya colapsó por su propia corrupción y el pensional privado se acerca a lo mismo por otras razones.
«Así que hundidas las transiciones ordenadas entramos a actuar de inmediato para garantizar los derechos de la población», concluyó en un post colgado en su perfil de la red X.
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