La propuesta legislativa permitiría a las autoridades estatales arrestar y detener a personas sospechosas de haber ingresado de manera irregular a territorio estadounidense, algo que, desde un principio, recibió fuertes críticas de organizaciones defensoras de los migrantes.

Esta suspensión administrativa permanecerá vigente mientras el alto tribunal evalúa las apelaciones de emergencia interpuestas, entre otras partes, por el Gobierno de Joe Biden.

Las demandas piden a los jueces bloquear la implementación de la ordenanza mientras siguen en curso las impugnaciones y la orden de este lunes deja en el limbo la fecha de vencimiento de la pausa.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, promulgó la ley SB4 en diciembre del pasado año e, inmediatamente, generó preocupación ante la posibilidad de que su aplicación tuviera un mayor perfil racial. En ese estado los latinos representan más del 40 por ciento de su población.

Al hacer su solicitud ante el Tribunal Supremo, el Departamento de Justicia argumentó que la ley alteraría «profundamente el status quo» que ha existido entre Estados Unidos y los estados en el contexto de la inmigración durante casi 150 años», reseñan medios locales.

Este caso es el ejemplo más reciente de cómo la administración Biden ha acudido a la Corte Suprema en su actual disputa con Texas en materia migratoria.

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