Los investigadores imputan a Bolsonaro los delitos de asociación criminal y la introducción de fichas falsas en el sistema público. Otras 16 personas también fueron acusadas.
En este caso el teniente coronel Mauro Cid, ayudante de órdenes de Bolsonaro, y otros 15 ciudadanos.
De acuerdo con los peritos, el fraude ocurrió poco antes de que el político ultraderechista, familiares y auxiliares viajaran a Estados Unidos en diciembre de 2022 para no asistir a la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva como jefe de Estado.
El país exigía el certificado de vacunación para la entrada de extranjeros.
Por el momento, 12 años es la pena máxima del crimen de inserción de datos falsos en el sistema de información, por el cual Bolsonaro fue inculpado.
La PF señala asimismo que el exmandatario formó parte de una asociación criminal.
El caso se hizo público en mayo de 2023, cuando la policía revisó las direcciones del exmilitar.
Cid, designado como operador del esquema de falsificación, fue detenido en ese momento.
El fraude fue descubierto a partir de mensajes en el teléfono del ayudante de órdenes, como trascendió a la prensa.
La acusación de la PF es solo un primer paso para que Bolsonaro responda a una acción penal ante la justicia.
Para que el caso avance, es necesario que la Procuraduría General de la República presente una denuncia y esta sea aceptada en el Supremo Tribunal Federal.
Solo a partir de ahí, como acusado, el exgobernante iría a juicio.
Para la defensa del excapitán del Ejército, la divulgación de la acusación es parte de una estrategia «mediática e imparcial» de la PF.
Bolsonaro niega su participación en la adulteración de registros oficiales.
De igual manera aseguró que nunca se vacunó, en un discurso consonante a la postura negacionista adoptada por el expresidente a lo largo de la pandemia de Covid-19 que mató a más de 700 mil personas en el gigante sudamericano.
Según la representante de la Red Nacional de las Entidades de Familiares y Víctimas de Covid-19, Rosângela Dornelles, la calamidad sanitaria dejó marcas de profundo sufrimiento en la población brasileña.
«En Brasil, ella fue agravada por la irresponsabilidad del Estado en la coordinación de medidas para su combate, por el desmonte de servicios públicos y por el negacionismo a su enfrentamiento», denunció en alusión al Gobierno de Bolsonaro.
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