Dirigentes del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) denunciaron la presencia de grupos armados y enfrentamientos en Palo Quemado y Las Pampas, dos parroquias de Cotopaxi, en la región andina, donde rechazan la ejecución de un proyecto minero de la empresa canadiense Atico Mining Corp.
El Frente Nacional Antiminero informó que como consecuencia de los ataques hasta el momento hay 15 personas heridas, entre adultos mayores, mujeres, jóvenes, atacados con balas de goma, perdigones y bombas lacrimógenas.
De ellos, siete están graves con quemaduras en sus rostros, brazos y piernas, precisó el Frente, que responsabilizó al Gobierno de Daniel Noboa por la integridad y la vida de los afectados por su agresiva política minera.
En ese contexto, se esperan este miércoles movilizaciones, convocadas por el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC).
Rosa Masapanta, habitante de Palo Quemado, declaró a la prensa que sus familiares están golpeados y sus amigos tienen heridas de perdigones.
“En nuestra propia tierra, nos desplazan como que fuéramos ladrones” aseguró la mujer quien advirtió que la minería cambiará para siempre la comunidad donde vive.
El presidente del MICC, Alex Toapanta, criticó el inicio de acciones legales en contra de 70 comuneros de Palo Quemado, acusados de terrorismo.
“En Las Pampas y Palo Quemado no existe delincuencia, envíen a los policías y militares a los poblados donde existe inseguridad como Esmeraldas, Guayaquil” argumentó el dirigente indígena.
Paralelamente, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo ministerial emitido por el Gobierno para profundizar la actividad minera.
El presidente de la Conaie, Leónidas Iza, denunció que el Grupo Nobis, perteneciente a la familia del presidente Daniel Noboa, participa de la actividad extractiva en el país y busca garantizar la ganancia para su consorcio.
Iza afirmó que Noboa y el Ministerio de Energía y Minas incumplen obligaciones legales y constitucionales sobre el derecho a consulta y consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.
La víspera, en medio de enfrentamientos, funcionarios del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica llegaron hasta la zona para socializar la consulta para la extracción de minerales, proceso criticado porque tiene lugar en medio de una militarización del territorio.
El Ministerio de Gobierno aseguró que se han coordinado acciones de seguridad, a fin de garantizar el respeto a los derechos humanos de las comunidades del área.
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