En una rueda de prensa este jueves desde la sede del Instituto Geográfico Militar, donde se realiza el proceso de impresión, las autoridades del CNE comunicaron que tienen listo también el 32,55 por ciento de los documentos necesarios para el procedimiento consultivo.
La titular del organismo electoral, Diana Atamaint, comentó a los periodistas que están contra el tiempo para llevar al papel todo lo relativo a la consulta, pero confía en que se pueda culminar en los plazos previstos para distribuir el material dentro y fuera del país.
Atamaint precisó que el 22 de marzo saldrán al exterior los paquetes técnicos, que incluyen escáneres y computadoras, para poder realizar el 7 de abril un simulacro.
Respecto a las boletas, explicó que cuentan con tres niveles de seguridad, incluidos códigos QR, efectos anticopia, microtextos en diferentes tramados, para garantizar la transparencia.
Sobre los costos de la impresión, el CNE precisó que firmó dos contratos por 5,3 millones de dólares.
Anteriormente, autoridades del CNE exigieron al Gobierno la transferencia de recursos para la realización de la consulta, que costará unos 60 millones de dólares en total.
El pasado lunes, el presidente Daniel Noboa pidió a los ecuatorianos respaldar su iniciativa e insistió en que los temas llevados a votación en ese proceso son importantes para mantener la seguridad.
El mandatario considera la consulta como un mecanismo para reformar leyes vigentes sobre el control de armas y municiones por parte de las Fuerzas Armadas, así como la tipificación de delitos por tenencia de armas e incremento de penas para terrorismo o delincuencia organizada.
Los más de 13 millones de ciudadanos convocados a las urnas también deberán responder a interrogantes que conllevarían modificaciones a la Carta Magna relacionadas con la eliminación de la prohibición de extradición de connacionales y la incorporación de judicaturas especializadas en materia constitucional.
Asimismo, el Gobierno busca aprobar permisos para arbitraje internacional entre el Estado y reclusos, así como la incorporación de contratos laborales por horas y a plazo fijo, dos de las preguntas más polémicas.
En general, la propuesta de Noboa de realizar una consulta popular ha recibido calificativos de errática e innecesaria, pues abarca asuntos que pueden tratarse en la Asamblea Nacional (Parlamento) sin necesidad de realizar el proceso, costoso para las circunstancias económicas del país.
Organizaciones sociales y políticas anunciaron recientemente la conformación de un Frente Nacional por el No a la Consulta Popular.
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