Esta vez, el sufragio de los ecuatorianos residentes fuera del país tendrá lugar de manera presencial y no con la modalidad telemática, como ocurrió en las presidenciales del año pasado, cuando hubo problemas técnicos y fue necesario repetirlas.
El organismo electoral precisó que los paquetes técnicos para las circunscripciones del exterior incluyen computadora portátil, escáner, cables de energía y cables USB para la transmisión de datos el día de las votaciones.
El traslado se realiza con el resguardo de las Fuerzas Armadas, que en los próximos días también distribuirá esos insumos en el territorio nacional, aseguró el CNE en un comunicado.
A menos de un mes para la consulta, el CNE constató que ya están impresos el 32,55 por ciento de los documentos y alrededor de un millón de papeletas, las cuales cuentan con varios niveles de seguridad.
Este viernes, en entrevista con la emisora local Radio Pichincha, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, señaló que en este proceso, como en el anterior, enfrentan problemas económicos, por lo que están solventando los gastos con los recursos de la misma institución.
Anunció que la próxima semana, habrá una reunión para tratar el tema de la seguridad en aras de garantizar la tranquilidad durante la jornada del 21 de abril.
El pasado lunes, el presidente Daniel Noboa pidió a los ecuatorianos respaldar la consulta e insistió en que los temas llevados a votación en ese proceso son importantes para mantener la seguridad.
El mandatario busca con esa iniciativa reformar leyes vigentes sobre el control de armas y municiones por parte de las Fuerzas Armadas, así como la tipificación de delitos por tenencia de armas e incremento de penas para terrorismo o delincuencia organizada.
Los más de 13 millones de ciudadanos convocados a las urnas también deberán responder a interrogantes que conllevarían modificaciones a la Carta Magna relacionadas con la eliminación de la prohibición de extradición de connacionales y la incorporación de judicaturas especializadas en materia constitucional.
Asimismo, el Gobierno busca aprobar permisos para arbitraje internacional entre el Estado y reclusos, así como la incorporación de contratos laborales por horas y a plazo fijo, dos de las preguntas más polémicas.
En general, la propuesta de Noboa de realizar una consulta popular ha recibido calificativos de errática e innecesaria, pues abarca asuntos que pueden tratarse en la Asamblea Nacional (Parlamento) sin necesidad de realizar el proceso, que costará unos 60 millones de dólares.
Organizaciones sociales y políticas anunciaron recientemente la conformación de un Frente Nacional por el No a la Consulta Popular.
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