La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez apreció en la red social X la presencia del alto funcionario de la nación norteña como “una clara amenaza” a la estabilidad y la paz de la región caribeña y latinoamericana.
Indicó que en la historia de la CIA “no hay un solo hito positivo” en su expediente: solo muerte, violencia y destrucción.
Rodríguez señaló que Guyana viola flagrantemente el Derecho Internacional y persiste en desconocer el Acuerdo de Argyle.
Aseguró que Caracas “no se dejará amedrentar” y persistirá en su camino de legalidad y paz.
El ministro bolivariano para Relaciones Exteriores, Yván Gil, consideró también en X la visita de Burns como una escalada en las provocaciones contra Venezuela.
Gil escribió que el titular de esa agencia de inteligencia de Estados Unidos, que se autodeclara especializada en “mentir, engañar y robar”, y que tiene un historial de muerte y destrucción en el mundo entero, visita Guyana.
“Esto no es más que una escalada en las provocaciones contra nuestro país, inmiscuyéndose, junto al Comando Sur estadounidense, en la controversia territorial por la Guayana Esequiba”, expresó el canciller.
Estimó el despliegue de la inteligencia estadounidense “una amenaza real, contraria al espíritu de la Declaración de Argyle”, y una muestra de los tentáculos perversos de la Exxon Mobil que peligrosamente insiste en crear una situación de peligro en nuestra Zona de Paz.
El pasado 14 de diciembre los presidentes Nicolás Maduro e Irfaan Alí, de Guyana, rubricaron un documento en Argyle, San Vicente y las Granadinas, en el que ambos patentizaron su contribución a dirimir la controversia por el Esequibo de manera pacífica y en respeto al derecho internacional.
Los mandatarios apostaron a encontrar soluciones propias y sin injerencias que contribuyeran al sostenimiento de la proclama firmada en La Habana de América y el Caribe como Zona de Paz.
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela aprobó ayer por unanimidad y en segunda discusión la Ley Orgánica en Defensa de la Guayana Esequiba, que estipula la atención del Estado venezolano sobre esa porción territorial de casi 160 mil kilómetros cuadrados.
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