Esta nación sudamericana vivió un fin de semana con incidentes, como el asesinato de la concejal del municipio San Vicente, Brigitte García, y su asesor, hecho que evidencia cómo la inseguridad se mantiene en el escenario nacional, aun cuando los militares están en las calles.
El pasado sábado hubo una amenaza de bomba que obligó a evacuar un estadio de la ciudad de Latacunga, donde se disputaba un partido del torneo local de primera división.
La policía confirmó en un mensaje en la red social X que localizaron cinco cargas explosivas dentro de una mochila en el estacionamiento del centro deportivo y realizaron detonación controlada.
A eso se suma que en la provincia de Santa Elena, en la costa, al menos seis personas fueron asesinadas como consecuencia de un ataque armado que las autoridades vinculan con disputas asociadas al crimen organizado. Para Carrión, profesor universitario y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), si no se hacen cambios estructurales, la situación de violencia vuelve a ganar terreno.
Según explicó este lunes en entrevista con Ecuavisa, medidas como el estado de excepción que facilitan los operativos militares tienen efectos a corto plazo, pero sin otras acciones estructurales la violencia vuelve con las mismas características.
Eso está pasando ahora en Ecuador, llevamos dos meses de estado de excepción y tenemos ya un retorno de los sucesos violentos, el secuestro de una asambleísta, el asesinato de una alcaldesa, mataron a un militar en Sucumbíos, una masacre en Santa Elena y otros crímenes.
Lamentó que, aunque las cifras oficiales indican una disminución de las muertes violentas, otros delitos como los secuestros y las extorsiones se mantienen al alza.
En Ecuador rige desde enero un estado de excepción por grave conmoción interna y conflicto armado interno debido a la ola de violencia que azota al país andino y que las autoridades adjudican a organizaciones criminales, catalogadas como terroristas.
Hasta el momento, el número de detenidos supera las 13 mil personas y existen denuncias de abusos de derechos humanos por parte de las fuerzas del orden.
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